Dario Pale/
Concesionarios del programa de verificación vehicular en Veracruz solicitaron la intervención de la gobernadora, Norma Rocío Nahle García, para que el control del sistema regrese a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), al advertir que actualmente más del 70 por ciento del parque vehicular incumple con esta obligación.
Los prestadores del servicio señalaron que la decisión de trasladar la operación del programa a la Secretaría de Finanzas ha resultado contraproducente, pues —afirman— provocó una caída significativa en los niveles de verificación, con afectaciones tanto en la recaudación como en la calidad del aire.
“Creemos que el cambio fue un error. Las normas oficiales mexicanas establecen que las secretarías estatales de medio ambiente deben llevar el control de estos programas”, expresaron.
Baja participación y pérdidas millonarias
De acuerdo con los inconformes, actualmente solo entre el 25 y 30 por ciento de los vehículos en Veracruz cumplen con la verificación, una cifra muy por debajo de lo esperado.
Indicaron que, con un parque vehicular estimado en al menos dos millones de unidades, el estado debería alcanzar niveles cercanos al 65 por ciento en este periodo, lo que representaría ingresos aproximados de hasta 250 millones de pesos.
Incluso, advirtieron que, de cumplirse la totalidad del programa, la recaudación semestral podría superar los 400 millones de pesos, por lo que la baja participación representa pérdidas millonarias.
Falta de incentivos y supervisión
Los concesionarios acusaron que la Secretaría de Finanzas no ha implementado estrategias eficaces para incentivar a los automovilistas ni ha difundido adecuadamente el programa.
Asimismo, señalaron la ausencia de operativos por parte de autoridades de tránsito para sancionar a quienes incumplen, lo que ha generado un rezago considerable.
“Si el 30 por ciento verifica, ¿por qué no lo hace el otro 70 por ciento? No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, cuestionaron.
Añadieron que los vehículos más antiguos —y, por ende, más contaminantes— son los que menos cumplen con esta obligación.
Centros de verificación en crisis
La baja participación también ha impactado la viabilidad económica de los centros de verificación, que enfrentan aumentos constantes en costos operativos como renta, servicios, salarios, impuestos, seguros y calibraciones.
A ello se suma que este año no se autorizó un incremento en las tarifas e incluso se redujo su margen de ganancia, lo que ha complicado aún más la situación del sector.
“Nos redujeron la ganancia sin consultarnos, cuando en otros estados eso no ocurre”, reclamaron.
Proponen esquema mixto
Como alternativa, los concesionarios plantearon que la operación del programa regrese a SEDEMA, mientras que la recaudación permanezca en la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de mejorar la eficiencia sin afectar los ingresos públicos.
Finalmente, hicieron un llamado a la gobernadora para atender la situación y garantizar que el programa se opere conforme a la normatividad ambiental vigente.
“Queremos ayudar, no confrontar. Somos gente de trabajo que busca mejorar el cumplimiento ambiental y apoyar al estado”, concluyeron.