Dario Pale/
Integrantes de asociaciones de jubilados del sector energético, principalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), expresaron su rechazo a la reciente reforma al artículo 127 de la Constitución, al considerar que vulnera derechos adquiridos, afecta sus pensiones y debilita la seguridad jurídica en el país.
En rueda de prensa, los inconformes advirtieron que, si bien el impacto inmediato recae en jubilados y pensionados del sector público, sus efectos podrían extenderse a otros ámbitos, como la propiedad privada y derechos fundamentales.
“Se está vulnerando el Estado de Derecho con este precedente. Hoy afecta a las jubilaciones, pero mañana puede impactar otras condiciones de vida”, señalaron.
Los representantes subrayaron que la medida afecta directamente el patrimonio familiar, el cual —afirmaron— constituye un derecho humano protegido por la Constitución, especialmente en su artículo 14, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas.
En ese sentido, defendieron que las pensiones son el resultado de décadas de trabajo y aportaciones al desarrollo del país, por lo que calificaron como injusto modificar las condiciones bajo las cuales se retiraron.
“Entregamos nuestra vida laboral al sector energético. Muchos compañeros incluso fallecieron, y ahora sus viudas también resultarían afectadas”, lamentaron.
De acuerdo con Jorge Gracia, representante de jubilados de confianza de Pemex, en esta empresa existen alrededor de 22 mil 597 jubilados en estas condiciones. Al sumar a trabajadores de la CFE, la cifra asciende a cerca de 23 mil.
Precisó que solo el 3 por ciento —alrededor de 700 personas— percibe pensiones consideradas “extraordinarias”, desmintiendo la idea de que existan jubilaciones millonarias generalizadas.
“Se ha hecho creer que todos ganamos más de 100 mil pesos, lo cual es falso. Hay pensiones de 30 mil, 40 mil o 50 mil pesos; solo algunos casos alcanzan montos mayores tras décadas de servicio”, explicaron.
Asimismo, advirtieron que la reforma generará un efecto en cascada, impactando también a quienes perciben ingresos menores debido a los criterios jerárquicos aplicados en el sistema de pensiones.
Los inconformes denunciaron además la falta de diálogo con autoridades federales, al señalar que no han sido atendidos por el Poder Ejecutivo ni por instancias como la Secretaría del Trabajo.
Por su parte, Víctor Hugo Montalvo Hernández, jubilado de la CFE, calificó la reforma como “discriminatoria” y “anticonstitucional”, al considerar que contraviene los artículos 1 y 14 de la Constitución en materia de derechos humanos y no retroactividad de la ley.
Advirtió que esta situación incrementa la incertidumbre jurídica y podría afectar la percepción internacional de México en materia de Estado de Derecho, lo que a su vez impactaría la inversión y elevaría los costos de proyectos de infraestructura.
Finalmente, los jubilados anunciaron que continuarán con movilizaciones a nivel nacional. Indicaron que ya se han registrado protestas en estados como Oaxaca y Hermosillo, y adelantaron una movilización en la Ciudad de México.
En el ámbito local, se manifestaron frente a las instalaciones de la CFE, desde donde marcharon hacia el centro de la ciudad y bloquearon la calle Enríquez para visibilizar sus demandas.
“Si permitimos que se vulnere la Constitución, se sentará un precedente peligroso que podría afectar a toda la población”, concluyeron.