Dario Pale/
Integrantes del Frente contra la Tala Ilegal y en Defensa del Cofre de Perote, acompañados por el diputado federal Adrián González Naveda, denunciaron públicamente la grave crisis ambiental que enfrenta esta región, marcada por el incremento de la tala clandestina, incendios provocados y la extracción ilegal de materiales pétreos.
En conferencia de prensa, ciudadanos, ejidatarios, silvicultores y defensores ambientales provenientes de comunidades como La Gloria, 20 de Noviembre y la cabecera municipal de Perote, informaron que han decidido organizarse ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Durante la lectura de un posicionamiento, advirtieron que en los últimos años se ha consolidado un patrón sistemático de devastación ambiental: primero se provocan incendios forestales; posteriormente, se extrae madera quemada de forma ilegal; y finalmente, se desarrollan actividades extractivas —como la obtención de tepetzil— sin permisos ni estudios de impacto ambiental.
“Este modo de operación responde a un esquema deliberado para justificar el cambio de uso de suelo y abrir paso a actividades no reguladas”, acusaron.
Los denunciantes señalaron que, pese a las quejas presentadas ante instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, las investigaciones han sido insuficientes o inexistentes, lo que ha propiciado un entorno de impunidad que permite a los responsables continuar operando.
Recordaron que el pasado 25 de febrero de 2026, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente clausuró una mina de tepetzil en la zona por carecer de autorización ambiental; sin embargo, consideraron que esta acción es aislada y no atiende el problema de fondo.
Asimismo, denunciaron que, a pesar de la presencia de corporaciones de seguridad —incluidas la policía municipal, estatal, la Guardia Nacional y fuerzas militares—, la tala ilegal continúa sin control. Indicaron que han documentado el tránsito de camiones con madera de dudosa procedencia que circulan sin ser detenidos e incluso, en algunos casos, con presunta protección.
“El nivel de impunidad no es casual; responde a fallas estructurales que deben investigarse y sancionarse”, señalaron.
El frente también acusó obstáculos institucionales, como la negativa a recibir denuncias, la falta de respuesta a oficios y actos de hostigamiento contra quienes defienden el medio ambiente.
A pesar de ello, destacaron la implementación de acciones ciudadanas como redes de vigilancia, georreferenciación de puntos de extracción ilegal y seguimiento legal de casos.
Advirtieron que la deforestación en el Cofre de Perote representa un riesgo directo para el abastecimiento de agua en la región capital, al ser una zona clave para la captación de humedad, la recarga de mantos acuíferos y la regulación climática.
“La pérdida de cobertura forestal incrementa la erosión del suelo, el riesgo de inundaciones y la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos”, subrayaron.
Ante este panorama, exigieron operativos permanentes y coordinados entre autoridades federales y estatales, investigaciones para determinar el origen de los incendios, la judicialización de los responsables —incluidos funcionarios omisos—, la reparación del daño ambiental y garantías de protección para personas defensoras.
Finalmente, reiteraron que la defensa del Cofre de Perote es una lucha por el agua, el territorio y la vida, y advirtieron que continuarán organizándose para frenar la devastación ambiental en la región.