Andi Uriel Hernández /
El pasado 19 de marzo, habitantes de la cabecera municipal de Oluta, al sur de Veracruz, instalaron un plantón indefinido para exigir la cancelación del llamado “relleno sanitario regional”. Este proyecto fue convenido el 21 de agosto de 2023 entre el ayuntamiento local y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, pero en la práctica opera en los mismos terrenos donde, por más de dos décadas, ha funcionado un tiradero a cielo abierto.
La ubicación del sitio —colindante con colonias populares— lo convierte en un grave foco de contaminación y en un riesgo directo para la salud de decenas de familias. Lejos de resolverse, el problema se ha agravado.
De acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2023, un relleno sanitario debe ser una obra de infraestructura con métodos de ingeniería diseñados para la disposición final de residuos sólidos, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales. Esto implica la compactación de los desechos, su cobertura diaria con capas de tierra o arcilla, el uso de macroceldas recubiertas con geomembranas para evitar filtraciones, y sistemas de captación y tratamiento de lixiviados que impidan la contaminación de suelos y mantos freáticos.
Asimismo, la norma establece que estos sitios deben contar con accesos adecuados, áreas operativas definidas, vigilancia, básculas, zonas de amortiguamiento y maquinaria especializada. Pero, sobre todo, deben ubicarse lejos de zonas habitadas.
Nada de esto, denuncian los pobladores de Oluta con pruebas en mano, existe en el sitio que hoy se presenta como “relleno sanitario”. En realidad, continúa operando como un tiradero a cielo abierto, cuya peligrosidad aumentó desde octubre pasado, cuando comenzaron a llegar camiones con residuos provenientes de más de once municipios del sur de Veracruz e incluso de Chiapas. La basura no recibe tratamiento alguno y permanece expuesta.
La inconformidad social ha ido en aumento. Sin embargo, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo ha evitado atender directamente a las familias afectadas, pese a sus reiteradas solicitudes de diálogo. Por su parte, representantes del gobierno estatal han sostenido reuniones sin ofrecer soluciones concretas.
El problema no es menor. Tiene raíces en decisiones tomadas durante la pasada administración estatal, encabezada por Cuitláhuac García Jiménez. En 2022, el gobierno anunció un plan para construir rellenos sanitarios regionales como respuesta a los más de cien tiraderos a cielo abierto existentes en Veracruz. La propuesta parecía viable: apoyar a municipios rebasados por el manejo de residuos.
Sin embargo, la ejecución quedó en manos de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), que concesionó la operación a empresas privadas. Este organismo, dirigido entonces por Sergio Rodríguez Cortés, ha sido señalado por presuntos actos de corrupción y uso indebido de la normativa ambiental para fines de extorsión. Incluso empresas como Walmart México presentaron denuncias en su contra.
Además, la PMA fue una de las dependencias con mayores irregularidades detectadas en el sexenio, con más de 273 millones de pesos observados en contratos de obra pública.
En este contexto, no resulta sorprendente que el “relleno sanitario” de Oluta haya sido concesionado sin una verificación real de cumplimiento normativo. A pesar de ello, la empresa operadora cobra entre 260 y 300 pesos por tonelada de basura a los municipios que utilizan el sitio.
Hoy, la demanda de los habitantes es clara: cancelar la operación del supuesto relleno sanitario y clausurar definitivamente el tiradero a cielo abierto. Esto obligaría a las autoridades a encontrar una ubicación adecuada que garantice la seguridad ambiental y sanitaria.
Se trata de una exigencia legítima. Está en juego la salud de cientos de familias que no tienen otra opción habitacional, así como el derecho constitucional —consagrado en el artículo 4º— a un medio ambiente sano.
La urgencia es evidente. Si no se actúa pronto, el conflicto podría escalar a dimensiones regionales, considerando que más de once municipios dependen actualmente de este sitio para la disposición de sus residuos.
Los habitantes de Oluta esperan una respuesta inmediata de la gobernadora Rocío Nahle García. Mientras tanto, su protesta se mantiene como un recordatorio de que la justicia ambiental no puede seguir postergándose.