Paco De Luna /
Xalapa, Ver.-A más de dos meses del derrame de petróleo en el Golfo de México, organizaciones ambientales y pobladores costeros advirtieron que la contaminación por chapopote continúa alcanzando distintas playas, pese a los reportes oficiales que aseguraban la limpieza total de las zonas afectadas.
La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con comunidades de Veracruz y Tabasco, emitió una alerta al señalar que la dimensión del daño ha sido minimizada por autoridades federales, mientras que el monitoreo independiente documenta la persistencia del hidrocarburo en amplias franjas del litoral.
De acuerdo con estos registros ciudadanos, al menos 81 de los 113 puntos impactados siguen presentando rastros de crudo.
La zona afectada se extiende a lo largo de mil 168 kilómetros, desde Paraíso, en Tabasco, hasta Matamoros, en Tamaulipas.
Incluso, reportes fechados los días 20 y 21 de abril dan cuenta de nuevos arribos de residuos petroleros en áreas como Punta San Juan, en Veracruz, y Barra de Tupilco, en Tabasco. Esta situación, indicaron, podría estar relacionada con acumulaciones de petróleo en el lecho marino que son desplazadas por corrientes y eventos de norte.
El impacto ambiental también ha sido significativo. Comunidades pesqueras e indígenas reportaron la muerte de al menos 22 tortugas marinas, cuatro delfines y un manatí, además de peces y aves como pelícanos. A ello se suman daños visibles en manglares y arrecifes.
Las organizaciones criticaron que las inspecciones realizadas por autoridades como la Profepa y Petróleos Mexicanos se limiten a revisiones superficiales, sin estudios a fondo sobre la presencia de contaminantes en sedimentos, agua y especies marinas, lo que mantiene incertidumbre sobre posibles riesgos a la salud y al consumo de productos del mar.
Asimismo, denunciaron que la atención institucional ha favorecido principalmente a zonas turísticas, dejando rezagadas comunidades rurales y áreas rocosas, lo que consideran una muestra de desigualdad hacia poblaciones originarias de la región.
En el plano social y económico, el derrame ha golpeado severamente a familias dedicadas a la pesca.
La disminución en la venta de productos marinos y el temor a la contaminación de equipos han dejado sin ingresos a numerosos trabajadores, quienes además cuestionan la insuficiencia de apoyos económicos, estimados en alrededor de 15 mil pesos, y su acceso limitado.
Mujeres pescadoras y habitantes indígenas, particularmente en municipios como Pajapan, alertaron que esta situación compromete no solo su sustento actual, sino también el legado cultural y ambiental que pretenden heredar a futuras generaciones.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron la instalación de una mesa de diálogo con participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como la puesta en marcha de un sistema de monitoreo independiente que evalúe los efectos del crudo en la salud humana.
También demandaron transparencia en el manejo de residuos peligrosos y la creación de una zona de protección en aguas someras que prohíba actividades petroleras en el Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México.
Hicieron un llamado a las autoridades a reconocer la magnitud del problema y emprender acciones integrales de restauración ambiental, al advertir que la falta de respuesta adecuada podría perpetuar un esquema de daño ecológico e impunidad.