Dario Pale/
Trabajadores jubilados de diversas empresas paraestatales, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Luz y Fuerza del Centro y Banobras, denunciaron la aplicación de descuentos a sus pensiones que califican como ilegales, arbitrarios y violatorios de la Constitución.
Durante una manifestación pacífica realizada en oficinas divisionales, los inconformes señalaron que los ajustes derivan de una medida que limita sus ingresos al 50 por ciento del salario autorizado al Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual —afirman— vulnera derechos previamente adquiridos.
“Son derechos obtenidos y reconocidos ante la Secretaría del Trabajo, incluso como cosa juzgada. Hoy nos aplican la ley de forma retroactiva, lo que atenta contra el Estado de Derecho”, expresó uno de los jubilados.
Los afectados indicaron que este es el primer descuento reflejado en sus nóminas y lo calificaron como drástico, además de señalar que se encuentra por debajo de lo establecido en el Diario Oficial de la Federación. También denunciaron falta de transparencia en los cálculos aplicados.
De acuerdo con los manifestantes, la medida viola el artículo 14 constitucional al aplicar disposiciones retroactivas en perjuicio de los trabajadores, además de afectar directamente su patrimonio y el de sus familias.
“No tenemos pensiones doradas. Somos trabajadores que cotizamos durante años. Este ingreso es nuestro sustento, y reducirlo de esta forma impacta gravemente nuestra economía, especialmente cuando muchos enfrentamos problemas de salud”, señalaron.
Asimismo, advirtieron sobre consecuencias financieras inmediatas, como el posible incumplimiento de compromisos adquiridos tras su jubilación, entre ellos créditos hipotecarios.
Uno de los denunciantes explicó que, por razones de seguridad, evitan revelar montos específicos, luego de que —según refirió— en un caso reciente en Manzanillo, Colima, un jubilado fue víctima de extorsión y homicidio tras la difusión de sus datos personales.
En cuanto a las acciones legales, confirmaron que promoverán amparos directos para exigir el respeto a sus derechos y la protección constitucional.
“Vamos a acudir a instancias legales para que se respeten nuestros derechos humanos y se garantice la legalidad de nuestras pensiones”, afirmaron.
Los jubilados también lamentaron la falta de respuesta por parte de las autoridades. Aseguran que, pese a acudir en múltiples ocasiones, únicamente han recibido acuses de recibo sin una respuesta formal.
Finalmente, advirtieron que esta situación podría tener implicaciones más allá de los trabajadores afectados.
“Cuando se vulnera el Estado de Derecho, aumenta el riesgo país. Esto encarece el financiamiento de obras públicas y afecta a toda la población. Se sienta un precedente peligroso que podría derivar en la violación de derechos de cualquier ciudadano”, concluyeron.
La manifestación concluyó de manera pacífica, sin incidentes, con la reiteración de su exigencia de diálogo con las autoridades y la revisión inmediata de los ajustes aplicados a sus pensiones.