Ciudad de México, 9 de abril de 2026.— Organizaciones sociales, ambientales y colectivos ciudadanos advirtieron que la soberanía energética del país no puede construirse a costa de la vida de las comunidades ni de la degradación de sus territorios, tras el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible explotación de gas no convencional mediante fracking.
Durante su conferencia matutina, la mandataria planteó evaluar esta técnica a través de un comité científico, lo que —señalan los firmantes del pronunciamiento— representa un giro en la política energética del actual gobierno y contradice el compromiso previo de no permitir el fracking en México.
Las organizaciones alertaron que, tras más de dos décadas de կիրառación intensiva en Estados Unidos, existe suficiente evidencia científica que documenta los impactos negativos del fracking en el medio ambiente, la salud pública y el tejido social. Estudios compilados por instancias como Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility reúnen más de 2,300 investigaciones que concluyen que los riesgos asociados a esta técnica “son reales y van en aumento”.
En este contexto, cuestionaron que el nuevo comité científico tenga como objetivo evaluar la viabilidad del fracking, en lugar de proponer rutas para reducir la dependencia de México a los combustibles fósiles y acelerar una transición energética justa.
Gas fósil, lejos de ser solución
De acuerdo con el posicionamiento, la política energética actual ha priorizado el uso del llamado gas “natural”, cuyo principal componente —el metano— contribuye significativamente al calentamiento global. En ese sentido, recordaron que organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático han identificado a los combustibles fósiles como principales responsables de la crisis climática.
Asimismo, señalaron que la idea de un “fracking sustentable” carece de sustento real, ya que no existe evidencia que respalde su viabilidad sin impactos ambientales y sociales.
Altos costos y viabilidad cuestionada
Otro de los puntos críticos es el uso intensivo de agua. Aunque el gobierno ha mencionado alternativas como agua residual tratada o agua de mar, las organizaciones advierten que estos procesos implican altos costos de infraestructura y operación.
El tratamiento de agua para fracking puede requerir inversiones iniciales de entre 5 y 10 millones de dólares por planta, además de costos operativos elevados debido al consumo energético. Esto abre interrogantes sobre la capacidad financiera de Petróleos Mexicanos para asumir dichos gastos, considerando su nivel de endeudamiento.
Además, las propias proyecciones oficiales indican que la producción de gas no cubriría la demanda nacional. Para 2035, se estima una producción de 4,988 millones de pies cúbicos diarios, frente a una demanda actual cercana a los 9,000 millones.
Impactos en comunidades y territorios
El documento también subraya que la expansión del fracking profundizaría un modelo extractivo que afecta principalmente a comunidades indígenas y campesinas en estados como Veracruz, Puebla, Nuevo León y Coahuila.
Como ejemplo, mencionaron recientes incidentes en el sector energético, como el derrame en el Golfo de México y la explosión del pozo exploratorio Krem-1 en Las Choapas, Veracruz, cuyos impactos —aseguran— han sido enfrentados por las propias comunidades sin una respuesta adecuada de las autoridades.
“Avanzar hacia más proyectos de gas fósil representa una sentencia para territorios que ya enfrentan contaminación, afectaciones a la salud y pérdida de sus medios de vida”, señalaron.
Compromisos internacionales y derechos humanos
Las organizaciones también advirtieron que impulsar el fracking contraviene compromisos internacionales asumidos por México en materia climática y de derechos humanos, incluyendo la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú.
Citaron además pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas, que han llamado a abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, así como recientes opiniones consultivas de tribunales internacionales que obligan a los Estados a prevenir daños ambientales significativos.
Llamado a una transición energética justa
Finalmente, los firmantes —entre ellos la Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental— reiteraron que la soberanía energética debe construirse con justicia social, respeto a los territorios y participación comunitaria.
“El mandato de las comunidades es claro: no al fracking. La prioridad debe ser garantizar una vida digna y avanzar hacia un modelo energético sustentable”, concluyeron.
El posicionamiento fue respaldado por decenas de organizaciones sociales, ambientales, colectivos feministas, centros de derechos humanos y comunidades indígenas de distintas regiones del país.