Dario Pale/
Integrantes de la Asociación de Asistencia a Afectados por Anaversa exigieron al Gobierno de Veracruz instalar una mesa de trabajo de alto nivel y cumplir las instrucciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar la construcción de un Hospital General Regional y de Cancerología en Córdoba, como parte de la reparación histórica para las víctimas del desastre químico ocurrido el 3 de mayo de 1991.
En conferencia de prensa en Xalapa, la presidenta de la organización, Rosalinda Huerta Rivadeneira, recordó que la explosión e incendio de la empresa Anaversa es considerado uno de los desastres industriales más graves en la historia de México y uno de los principales casos de contaminación química documentados a nivel internacional.
Afirmó que durante más de tres décadas las consecuencias del siniestro fueron minimizadas e incluso negadas por las autoridades, pese a que miles de habitantes estuvieron expuestos a sustancias tóxicas y continúan enfrentando secuelas en su salud.
Destacó que en 2022 el Cabildo de Córdoba reconoció oficialmente la magnitud de la tragedia al declarar el 3 de mayo como Día Municipal de Prevención de Desastres. Posteriormente, el Senado de la República aprobó por unanimidad que esa fecha se conmemorara como el Día Nacional de Prevención de Desastres Químicos.
Huerta Rivadeneira recordó que tras la explosión se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual derivó en la recomendación 99/91 dirigida a diversas autoridades federales y estatales. Sin embargo, acusó que el expediente fue archivado durante administraciones anteriores y nunca se atendieron de manera integral las demandas de los afectados.
Señaló que la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia abrió una nueva expectativa para las víctimas, luego de que la Secretaría de Gobernación emitiera el oficio RB-RG-0894-2025, dirigido al secretario de Gobierno de Veracruz, mediante el cual se instruye atender el caso y avanzar en la construcción de un Hospital General Regional y Oncológico en Córdoba.
No obstante, lamentó que, pese a que el documento fue enviado desde agosto de 2025, hasta ahora no se haya instalado una mesa de trabajo para impulsar el proyecto.
«Queremos saber quiénes están frenando este hospital. No queremos más simulaciones ni que el proyecto se convierta en rehén de intereses políticos o territoriales», expresó.
La representante de la asociación sostuvo que el hospital no debe verse como una obra más de infraestructura sanitaria, sino como un acto de justicia para quienes han padecido durante 35 años las consecuencias del desastre químico.
Indicó que cientos de familias han enfrentado casos de cáncer y enfermedades autoinmunes que, afirmó, están relacionadas con la contaminación generada tras la explosión de Anaversa.
Añadió que uno de los principales obstáculos para concretar la obra ha sido la falta de un terreno. Explicó que desde 2023 solicitaron al Ayuntamiento de Córdoba la donación de un predio; sin embargo, el trámite continúa sin resolverse.
De acuerdo con la organización, varias propuestas de terrenos fueron analizadas y posteriormente descartadas, situación que ha retrasado el inicio del proyecto, pese a que contempla una inversión federal estimada en alrededor de tres mil millones de pesos.
Los activistas solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para convocar una mesa de trabajo con capacidad de decisión que permita destrabar el proyecto y dar certeza a su ejecución.
Huerta Rivadeneira subrayó que las víctimas ya no quieren ser vistas únicamente como afectados, sino como ciudadanos con derechos que exigen el cumplimiento de compromisos institucionales.
Finalmente, planteó que el futuro Hospital General Regional y de Cancerología de Córdoba incluya un centro de investigación especializado en prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer, con el objetivo de convertirlo en un referente nacional para la atención de enfermedades derivadas de desastres químicos y ambientales.
«Queremos un hospital emblema, no un hospital más. Debe representar justicia para quienes han esperado 35 años una respuesta del Estado mexicano», concluyó.
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