27 de abril de 2026.-A casi diez semanas de los primeros reportes de hidrocarburos en las costas del Golfo de México, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, advirtió que persisten daños ecológicos, sociales y a la salud que están siendo minimizados por las autoridades. Ante este panorama, exigieron acciones urgentes, integrales y cambios estructurales para atender la emergencia y evitar que se repita un desastre de esta magnitud.
De acuerdo con información recabada por la Red a través de monitoreo ciudadano y recorridos realizados en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al menos 81 playas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas presentan todavía rastros de hidrocarburos. En estos sitios se han identificado desde manchas grandes y medianas hasta miles de pequeñas hojuelas de chapopote mezcladas con arena, lo que dificulta su remoción.
Estos hallazgos contrastan con declaraciones oficiales emitidas en marzo, en las que se aseguró que las playas afectadas habían quedado “totalmente limpias en pocos días”. Sin embargo, reportes recientes documentan la llegada continua de residuos petroleros, incluso en fechas recientes en puntos como Punta San Juan, en Pajapan, Veracruz, y Barra de Tupilco, en Paraíso, Tabasco. Esto sugiere la posible presencia de hidrocarburos en el fondo marino, que serían arrastrados por corrientes y fenómenos meteorológicos como los “Nortes”.
El impacto ambiental también es evidente en la fauna: hasta ahora se han registrado 22 tortugas marinas, cuatro delfines, dos pelícanos, un manatí y numerosos peces muertos. Además, existen indicios de afectaciones en manglares y arrecifes, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.
Las organizaciones denunciaron que las acciones de limpieza han sido desiguales, concentrándose principalmente en zonas urbanas y turísticas, mientras que comunidades rurales, indígenas y afromexicanas han recibido atención limitada o nula. Esta distribución, señalaron, refleja patrones de desigualdad estructural que incrementan la vulnerabilidad de estas poblaciones.
En muchos casos, han sido las propias comunidades quienes han encabezado las labores de limpieza. Según los reportes, en al menos 16 sitios estas tareas fueron realizadas exclusivamente por habitantes locales, mientras que en otros casos se llevaron a cabo con apoyo parcial de autoridades o empresas contratadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Además de los daños ambientales, las comunidades enfrentan pérdidas económicas significativas. La actividad pesquera se ha reducido por temor a la contaminación, el turismo ha disminuido y la venta de productos del mar ha caído. Las indemnizaciones, que en algunos casos ascienden a 15 mil pesos, han sido consideradas insuficientes y no han llegado de manera equitativa a todas las personas afectadas.
A esto se suman afectaciones a la salud física y emocional, así como tensiones sociales derivadas de la desinformación y la distribución desigual de apoyos. Mujeres, niñas y comunidades indígenas han sido particularmente impactadas.
“La industria de hidrocarburos está afectando nuestra herencia y el futuro de nuestras hijas e hijos”, expresó un habitante nahua de Pajapan, quien, al igual que otros testimonios, subraya la preocupación por el deterioro ambiental y la falta de respuestas efectivas.
Las organizaciones también criticaron la falta de transparencia en torno a las causas del derrame, presuntamente vinculado a ductos del campo Akal-Batun, así como la tardanza en reconocer el evento como un derrame, lo que retrasó la activación de protocolos de emergencia.
Frente a este escenario, la Red Corredor Arrecifal y las comunidades afectadas demandaron la instalación de una mesa de trabajo con participación comunitaria e institucional; la implementación de estudios independientes sobre contaminación en agua, sedimentos y especies; mecanismos transparentes de indemnización con enfoque de género e interculturalidad; y la vigilancia estricta de la industria petrolera.
Asimismo, propusieron declarar como prioridad nacional la protección del Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México y establecer una zona de salvaguarda que limite las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Finalmente, hicieron un llamado a que este derrame sea el último que afecte gravemente a las comunidades y ecosistemas del Golfo de México, y advirtieron que sin cambios estructurales, estos desastres continuarán repitiéndose.
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