Comunidades indígenas del sur de Veracruz denuncian abandono ante “marea negra” y exigen justicia ambiental
Pajapan, Ver.— Comunidades indígenas nahuas y nuntajiiyi’ (popolucas) del sur de Veracruz denunciaron una grave crisis ambiental y sanitaria tras la llegada de una “marea negra” a las costas del Golfo de México, la cual, aseguran, continúa afectando playas y cuerpos lagunares como el Ostión, sin que hasta el momento exista claridad sobre su origen ni una respuesta integral por parte de las autoridades.
A través de un pronunciamiento conjunto, habitantes de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, señalaron que a tres semanas del inicio del derrame, el chapopote sigue arribando diariamente, agravando el daño al ecosistema y a las actividades económicas locales, principalmente la pesca.
Los pobladores acusaron que hasta ahora no se ha informado de manera oficial el origen del hidrocarburo, mencionando la versión de un supuesto barco responsable que calificaron como “fantasma”, al no existir datos concretos sobre la embarcación ni la empresa involucrada.
Asimismo, denunciaron irregularidades en las labores de limpieza a cargo de la empresa “MAYA”, entre ellas la falta de equipo de protección para trabajadores, adeudos salariales, zonas sin atender —especialmente en la laguna del Ostión— y la acumulación de residuos tóxicos que no han sido retirados.
En materia económica, indicaron que la mayoría de las personas afectadas no han recibido indemnización. Señalaron que únicamente pescadores de cooperativas registradas accedieron a apoyos como el programa Bienpesca y un incentivo estatal, dejando fuera a pescadores independientes, comerciantes de mariscos y prestadores de servicios turísticos.
Los inconformes también denunciaron la falta de cumplimiento de acuerdos previos con personal de Pemex, así como la ausencia de diálogo continuo. Advirtieron que, ante la falta de ingresos, algunas personas han recurrido a la venta y consumo de mariscos presuntamente contaminados, lo que ya habría derivado en casos de intoxicación con síntomas gastrointestinales.
En el ámbito de salud, criticaron que las autoridades no han informado sobre los riesgos de exposición a materiales potencialmente cancerígenos ni han realizado estudios públicos sobre la calidad del agua o el estado de la fauna y flora afectadas. Aunque reconocieron la instalación de una unidad médica móvil de Pemex en Pajapan, consideraron que esta medida es insuficiente frente a posibles daños a largo plazo.
Además, alertaron sobre el uso de sustancias químicas dispersantes en el mar, lo que, aseguran, podría estar trasladando la contaminación al fondo marino, afectando arrecifes y agravando el impacto ambiental.
Las comunidades señalaron que no existe un plan integral de restauración ecológica y recordaron que ya han interpuesto denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a las que se sumarán nuevas acciones legales desde distintos ejidos y localidades.
También informaron sobre el inicio de nuevas labores de limpieza en playas de Tatahuicapan y Mecayapan por parte de la empresa “GRUMEXA”, aunque expresaron incertidumbre sobre la atención en zonas aún afectadas de Pajapan.
En su posicionamiento, destacaron que han comenzado a articularse con organizaciones ambientalistas y redes de protección del corredor arrecifal del Golfo de México, así como con especialistas en contaminación por hidrocarburos.
Finalmente, vincularon esta problemática con proyectos energéticos previos en la región, como el gasoducto “Puerta del Sureste”, reiterando su rechazo al modelo basado en combustibles fósiles.
Exigencias
Entre sus principales demandas, las comunidades exigen:
- Limpieza adecuada de playas y lagunas, con respeto a los derechos laborales y retiro de residuos tóxicos.
- Indemnización para todas las personas afectadas.
- Investigación transparente sobre los responsables del desastre.
- Información clara sobre riesgos a la salud y acceso a atención médica de por vida.
- Implementación de un plan integral de restauración ambiental con participación comunitaria y de expertos.
- Un cambio en la política energética hacia la eliminación de combustibles fósiles.
El pronunciamiento fue respaldado por comunidades indígenas de la Sierra de Santa Marta y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, quienes advirtieron que la crisis actual pone en riesgo no solo el ecosistema, sino también la salud, la economía y la vida comunitaria de la región.
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