· Informe de la Agencia Europea de Sustancias Químicas vuelve a confirmar que “clasificar al glifosato como cancerígeno no está justificado”
· La crisis agroalimentaria a nivel mundial, por la Guerra en Ucrania y la dependencia del exterior de fertilizantes aumentan los riesgos de inseguridad alimentaria en el país
· La industria de protección de cultivos exhorta al gobierno a evitar una crisis alimentaria como la de Sri Lanka, donde la prohibición del glifosato solo generó la caída drástica de la producción agrícola, hambruna y caos social
· Aumentar la producción agrícola solo se puede hacer con el apoyo de la ciencia y la innovación tecnológica, no con visiones románticas del campo ajenas a la realidad que está afectando a trabajadores agrícolas
La Industria de Protección de Cultivos exhortó a las autoridades sanitarias y ambientales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacyt), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a corregir el rumbo de la política agrícola del país, centrada en la prohibición del glifosato y limitar el uso de insumos clave para el campo como lo son los productos fitosanitarios, ante el grave de riesgo de aumentar la inseguridad alimentaria.
Este urgente llamado se hizo basado en el más reciente reporte de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) que el pasado 31 de mayo, a través de su Comité de Evaluación de Riesgos, reportó que clasificar al glifosato como cancerígeno NO está justificado y que la conclusión está basada en una amplia revisión científica e independiente, es decir, libre de conflictos de interés, en una respuesta implícita a críticas usuales de activistas que descalifican los estudios científicos que contradicen sus opiniones sobre el glifosato.
El Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, conformado por el Grupo de Evaluación sobre Glifosato – Suecia, Francia, los Países Bajos y Hungría-, ratifica que la clasificación actual de glifosato no cambia respecto a los criterios del reglamento de clasificación, etiquetado y envasado de la Unión Europea, ya que la evidencia científica disponible no cumple con los criterios para clasificar el glifosato como cancerígeno por su toxicidad específica en órganos, o como sustancia cancerígena, mutagénica o reprotóxica, lo cual está en línea con la opinión anterior del Comité de Evaluación de Riesgos de 2017.
El dictamen adoptado se publicará en el sitio web de la Agencia Europea de Sustancias Químicas y se enviará a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a mediados de agosto, quien realizará la evaluación de riesgos del glifosato que se prevé esté lista en julio del 2023, para que la Comisión Europea analice sus conclusiones. De este modo, la Comisión presentará un informe de renovación y un proyecto de reglamento a los Estados miembros sobre si la aprobación del glifosato puede renovarse o no.
La síntesis del reporte de la ECHA, que será publicado completo en agosto, está disponible en : https://echa.europa.eu/documents/10162/1887021/glyphosate_questions_and_answers_en.pdf/37b3513a-cf6e-bffa-d64b-cf985bb005e9?t=1653892526448.
A la luz de las conclusiones de la ECHA, el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Ing. Luis Eduardo González Cepeda, dijo que el Gobierno “debe reevaluar y corregir su política de sustitución del glifosato, un insumo clave para la protección de cultivos sobre todo en el momento tan crítico por los efectos de la Guerra en Ucrania en la producción de alimentos a nivel mundial, así como por la imposición de una política que limita el acceso a la importación de productos fitosanitarios modernos, eficaces y avalados por estudios científicos por los prejuicios que se tienen contra la agroindustria”.
González Cepeda añadió que, como parte del paquete contra la inflación y la carestía que anunció el Presidente López Obrador en mayo pasado, “se planteó como un objetivo central aumentar la producción de granos básicos y esto solo se puede lograr si los trabajadores del campo disponen de los insumos y productos fitosanitarios que les garantizan la productividad que el país requiere, pues la FAO estima que, sin la aplicación de herbicidas, como el glifosato, se pierden hasta el 40% de los cultivos. Si el gobierno quiere lograr la seguridad alimentaria del país tiene que superar prejuicios de funcionarios que ven de manera romántica el autoconsumo y la producción artesanal de cultivos como la vía para lograr autosuficiencia alimentaria”.
Por su parte, Cristian García de Paz Director Ejecutivo de PROCCYT, alertó sobre las consecuencias de políticas que se guían más por prejuicios o ideología y puso como ejemplo el caso extremo de Sri Lanka, “donde la repentina prohibición de productos fitosanitarios, que funcionarios de gobierno etiquetaron, de manera ideológica, como agrotóxicos, generó una ola de protestas y disturbios en el campo, así como la drástica caída de la producción agrícola, al grado que el gobierno tuvo que corregir su política de tener una agricultura exclusivamente orgánica porque finalmente entendió que la seguridad alimentaria del país estaba en riesgo y acabó por retirar la prohibición a la importación de agroquímicos”.
Finalmente, ambos directivos, exhortaron a la Cofepris, Semarnat y al Conacyt a tomar en cuenta los estudios de la Unión Europea y dejar los prejuicios respecto al uso de productos fitosanitarios para así poder asegurar la productividad del campo mexicano y reiteraron también que la industria de producción de cultivos está abierta al diálogo con las autoridades ambientales y sanitarias para colaborar en todo lo necesario para trabajar unidos con el fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria del país.
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