Darío Pale/
Raúl Álvarez Oseguera, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dio a conocer que la lucha por el bosque deja conflictos, despojos, amenazas.
En los últimos 30 años, el parque nacional Cofre de Perote ha enfrentado diversas problemáticas como tala clandestina, incendios, falta de ingresos para las comunidades, entre muchos otros, pero últimamente registra despojos, conflictos y el personal de las diferentes dependencias federales reciben amenazas y hasta les incendian zonas durante su ascenso o descenso.
Recordó que un 4 de mayo de 1937 cuando se emitió el decreto por parte del presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, pero a pesar de esa protección que ofreció el decreto, las comunidades han sido presas de diversas situaciones para poder vivir.
Dio a conocer que cuando el llegó a trabajar ahí, a finales de 1980, existía una veda, no había aprovechamientos forestales, pero poco después se levantó esa veda e iniciaron los aprovechamientos forestales autorizados como parte de una iniciativa del Estado y se promovió el manejo forestal, luego se transformó a un manejo forestal comunitario, incluso ahora el Cofre de Perote es el principal productor de madera del Estado.
Anteriormente hasta existía una asociación de burreros del Cofre comandada por un doctor conocido como el doctor Armendáriz, pero era más bien una asociación usada para ejercer presión política, pues hacían protestas y tomaban las calles para «negociar» permisos con el gobierno de Veracruz y tener recursos.
Luego se fueron instalando industrias formales y toda la madera que se consumía en Xalapa y los alrededores a través de los burreros, dejó de ser un atractivo y la madera entró al mercado legal, por lo que disminuyó la tala clandestina, a tal grado que por allá del año 2010 la tala ya no era tan fuerte, quizá sí había robo de manera, algunas incidencias, pero como tal tala clandestina, ya no se registraba.
«Pero últimamente se juntan varias cosas: el cierre de fronteras en Estado Unidos y mucha de la gente de la montaña que se empleaba como jornaleros se quedó sin ingresos, dos, la pandemia, que hizo que la gente que trabajaba en las bloqueras o andaban de jornaleros en la región, se quedaran sin ingresos», comentó.
«Se combinó con el quédate en casa y se dejó sin presencia a las montañas, mientras que en el Pico de Orizaba, en la zona conocida como el ‘triángulo rojo’, por el trasiego de combustibles, se comenzó a ver la presencia de grupos, pero no cárteles, que se refugiaron en las comunidades de la montaña y empezaron a ver la madera como una alternativa», agregó.
El funcionario resaltó que entonces se notó un repunte del delito, ahora cometido por gente que llegó de otros lados y que ahora se están aprovechando de la situación, esto comenzó a suceder algo que en la teoría se denomina como el fenómeno de «la tragedia de los comunes».
«Es decir, yo soy de la comunidad y cuido los recursos porque me dan agua, me dan madera, pero llega un grupo de fuera y aprovechan eso que yo estaba cuidando y entonces en lugar de que se lo lleven otros, me lo llevo yo, por lo que de tener un esquema de control, de orden que existía, se generó un conflicto», señaló.
«Esto detona una dinámica que ya no se tenía en la zona, de despojo, de destrucción acelerada de recursos, lo que llama la atención del gobierno del Estado y el Mandatario define que esto no puede continuar así», acusó.
Por eso llamó a los encargados de las áreas medioambientales tanto del Estado como de la Federación a una mesa de coordinación, a la par de la mesa social para proponer alternativas para las comunidades.
Fue así que Álvarez Oseguera reveló que han sido objeto de amenazas constantes de la gente que se dedica a la tala clandestina, incluso les provocan incendios en el bosque cuando ven que se dirigen a los parajes.
«Hemos recibido amenazas constantes de la gente que se dedica a estas actividades, nos han provocado incendios en el bosque, si ven que vamos hacia un paraje nos ponen un fuego de este lado para desviarnos y no sólo a la CONANP, también a las instituciones en general (Ejército, Guardia Nacional)», dijo.
Finalmente, expresó que no se puede criminalizar la pobreza, por lo que no todo el que hace uso o toma la madera, es un delincuente, lo que se tiene que hacer es aplicar estrategias para el apoyo hacia la gente y actuando contra aquellos que se están beneficiando del desamparo de los que viven en las comunidades.
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