A.U.H Sánchez
Un caso más del abuso de poder en el gobierno de la 4T. El pasado 8 de noviembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que tres personas habían sido detenidas por el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, se trataba de Casto “N”, Ana Laura “N” y Roberto “N”, este último regidor electo del municipio de Ixtaczoquitlán. Sin embargo, uno de los supuestos implicados, está siendo involucrado injustamente, todo parece indicar que se trata de un intento del gobierno por fabricar culpables para cerrar el caso.
Se trata de Ana Laura N, vecina de la localidad de Cuatlalpan, Ixtaczoquitlán, una humilde ama de casa, que para completar sus gastos se dedica a vender cosméticos. Ella fue detenida el pasado 11 de noviembre en Cuatlalpan, cuando se dirigía con su esposo a recoger a sus hijos a la casa donde se los cuidan, en el vehículo viajaba además otro hijo suyo.
Los dos cuentan que, de pronto, dos patrullas les cerraron el paso abruptamente, los policías fuertemente armados les ordenaron salir del vehículo, ya que “si no lo hacían por las buenas, lo harían por las malas”, a Ana Laura se la llevaron detenida a la fuerza y a su esposo e hijo los golpearon dejándolos en el lugar con contusiones y raspones. Un completo caso de abuso policial.
Ana Laura N fue trasladada inmediatamente al penal de Pacho Viejo en Coatepec, pues el caso lo lleva la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Periodistas. Según su abogado, Ricardo Aguilar Rodríguez, en la audiencia inicial, la Fiscalía presentó como “prueba sólida” un video de una cámara de seguridad de un domicilio particular en el que se observa como un vehículo, que está a nombre de la indiciada, se encontraba en las inmediaciones del lugar en el que fue asesinado Jacinto Romero, el pasado 18 de agosto, aunque en ningún momento se observa que Ana Laura haya tenido participación alguna en el crimen. Sencillamente su vehículo se encontraba en el lugar equivocado a la hora equivocada.
Además, tanto la defensa como sus familiares argumentan que el día del crimen, ni siquiera era ella quien conducía la camioneta. La Fiscalía, a través de las placas del vehículo, dio con el nombre de Ana Laura y así, sin más, emitió la orden de aprehensión.
El pasado 15 de noviembre, familiares y vecinos suyos se manifestaron en el parque Castillo de la ciudad de Orizaba para pedir la libertad inmediata de la implicada, pues consideran que su detención es un completo abuso de autoridad, están seguros de que Ana Laura es inocente, puesto que nunca en su vida “se ha involucrado en temas políticos o en conflictos sociales”. Personal del gobierno estatal les llamó para pedirles que pararan el escándalo o la situación se podía poner peor” (¿?¡¡).
Luego de que el fin de semana pasado se celebrara la audiencia inicial, el juez de proceso y procedimiento penal, Franciso Reyes Contreras, del distrito judicial de Xalapa, determinó ampliar el plazo constitucional a 144 horas para que se pudieran recabar y presentar los datos de prueba que demostrara la inocencia o culpabilidad de Ana Laura. Durante todo ese tiempo ella se mantuvo detenida en Pacho Viejo.
Finalmente, la audiencia de vinculación a proceso se realizó el 17 de noviembre (10 días después de su detención), ahí se determinó ampliar el plazo de investigación para recabar más pruebas, mientras tanto ella se mantendría en el mismo penal. La defensa tiene un video en donde se puede constatar que Ana Laura ni siquiera se encontraba en el vehículo el día del crimen y el juez le pidió aportar esta prueba para demostrar de manera indiscutible la inocencia de la implicada.
No obstante, el calvario que ha tenido que pasar la familia de Ana Laura no hace más que complicarse. Un familiar directo de la implicada, con quien sostuve comunicación, me refirió que este 18 de noviembre, cuando los padres de Ana Laura se trasladaron al penal de Pacho Viejo para hablar con ella, una visita a la que legalmente tiene derecho, el personal administrativo del lugar les dijo que ella ya no se encontraba ahí, que “probablemente había sido trasladada al penal de la La Toma (en Amatlán de los Reyes) o a Tuxpan”. Como es natural, inmediatamente la incertidumbre y la preocupación invadió a sus padres y demás familiares, dicho traslado nunca fue acordado en la audiencia y a su abogado jamás se le notificó que se haría este cambio.
Durante todo el día jueves, sus familiares han estado tratando de investigar si realmente Ana Laura se encuentra en La Toma o en Tuxpan, incluso se trasladaron a esta ciudad, pero nadie les ha podido confirmar el paradero de ella. Hasta el cierre de esta columna, la modesta ama de casa de Cuatlalpan, Iztaczoquitlán, implicada injustamente en esta trama, SE ENCUENTRA DESAPARECIDA.
Los familiares están verdaderamente angustiados, temen por la integridad y la vida de Ana Laura, sospechan, no sin argumentos, que se está preparando el escenario para culparla a ella, quizá obligándola a que confiese contra su voluntad. Piden al gobernador Cuitláhuac García, desesperados, que tome cartas en el asunto, que no se cometa una injusticia en contra de quienes no tienen el poder ni la fuerza para enfrentar al Estado. Están en todo su derecho de hacerlo.
Hasta el momento, parece que al gobernador no le han informado bien los pormenores y detalles del porqué Ana Laura N fue detenida y está siendo implicada en el caso del asesinato del periodista, pues en dos ocasiones se ha referido a ella y a los otros dos indiciados como si fueran culpables del crimen (un estilo habitual en los días que corren) aún cuando no han terminado las investigaciones ni se ha dictado fallo alguno. Cuitláhuac García debe intervenir para que aparezca y sus familiares puedan constatar que se encuentra a salvo y debe asegurarles a ellos que el procedimiento penal será apegado a estricto derecho, de lo contrario será igual de responsable de cualquier cosa que le pueda ocurrir.
Naturalmente que todos los veracruzanos de bien queremos que se encuentre y se castigue al o los responsables del asesinato de Jacinto Romero, entrañable periodista de la región de las Altas Montañas, pero de ninguna manera debe tolerarse que, para presentar falsos resultados del caso, se conculque la libertad y la integridad de gente inocente.
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