Taxistas de Veracruz exigen revisión de tarifas y regulación de plataformas digitales |

Dario Pale/

Representantes de organizaciones de taxistas de distintas regiones de Veracruz solicitaron a la gobernadora Rocío Nahle García la instalación de una mesa de diálogo para revisar las tarifas del servicio, regular la operación de plataformas digitales y avanzar en la armonización de la legislación estatal en materia de movilidad, al considerar que la situación actual afecta de manera severa al gremio.

En conferencia de prensa, el presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz, Pedro Fernández Fernández, informó que alrededor de 45 organizaciones respaldan un documento que será entregado al Gobierno del Estado, en el que solicitan el cumplimiento de la Ley 589 de Tránsito y Transporte, así como de la Constitución.

Explicó que la legislación vigente establece que las tarifas del servicio de taxi deben definirse con base en estudios técnicos y socioeconómicos, los cuales —aseguró— ya fueron presentados a las autoridades sin que hasta el momento exista una resolución.

Fernández subrayó que el sector no se opone al uso de aplicaciones móviles para solicitar el servicio, sino a que vehículos particulares operen como transporte público sin contar con una concesión.

«No estamos en contra de las aplicaciones; estamos en contra de que unidades particulares presten un servicio público fuera de la ley», expresó.

Recordó que hace casi un año los representantes del gremio firmaron una minuta de trabajo con autoridades estatales en la que se acordó analizar este tema y crear un Comité Técnico del Transporte para garantizar la participación de los taxistas en las modificaciones a la legislación, compromiso que, afirmó, aún no se ha cumplido.

Asimismo, señaló que Veracruz mantiene un rezago cercano a tres años en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual contempla mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de reformas en la materia.

Por su parte, Gustavo Hernández Pérez, representante de la Unión de Taxistas Libres del Puerto de Veracruz, aseguró que la operación de plataformas como Uber, DiDi y otras aplicaciones ha provocado una disminución considerable en los ingresos de los concesionarios.

Indicó que, mientras los taxistas cumplen con el pago de concesiones, seguros, licencias, revista vehicular y diversas obligaciones fiscales, los conductores de vehículos particulares ofrecen el mismo servicio sin sujetarse a esos requisitos.

Precisó que, en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, las plataformas digitales han ocasionado una reducción de hasta 40 por ciento en la demanda del servicio de taxi tradicional.

Además, denunció que desde noviembre de 2024 la oficina de Hacienda del Estado en Veracruz permanece cerrada para realizar el trámite de placas para taxis, situación que ha obligado a los concesionarios a circular con permisos temporales.

Como alternativa, los representantes del sector propusieron el desarrollo de una aplicación exclusiva para taxis concesionados, supervisada por el Gobierno del Estado, con el propósito de ofrecer mayor seguridad a usuarios y operadores, además de competir en condiciones equitativas con las plataformas digitales.

En materia tarifaria, Víctor Herminio González Rivera, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Veracruz, adherida a la Confederación de Obreros y Empleados de México (COEM), afirmó que las tarifas oficiales actuales ya no permiten cubrir los costos de operación.

Explicó que el incremento en el precio de los combustibles, el mantenimiento de las unidades y el deterioro de la infraestructura vial han vuelto insostenible mantener las tarifas vigentes.

De acuerdo con los estudios realizados por el propio gremio, la tarifa mínima del servicio debería ubicarse entre 45 y 50 pesos, con ajustes de acuerdo con las características de cada municipio y las distancias recorridas.

Finalmente, los dirigentes hicieron un llamado a la gobernadora para instalar una mesa de diálogo en la que participen autoridades, concesionarios y usuarios, con el objetivo de establecer tarifas justas, revisar la regulación del servicio prestado mediante plataformas digitales y atender las principales demandas del sector transportista.