Dario Pale/
En el marco del Día de la Niña y el Niño, la coordinadora general de Equifonía, Adriana Fuentes, hizo un llamado a la sociedad y a las instituciones a no normalizar el embarazo infantil, al subrayar que estos casos son consecuencia de delitos, principalmente de violencia sexual.
La activista enfatizó que hablar de sexualidad no constituye ningún delito, por lo que insistió en la urgencia de fortalecer las campañas informativas y la educación sexual, especialmente tras la reforma en materia de aborto aprobada en 2021. Recordó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, establecido en la Norma 046.
“Ver a una niña embarazada de 10 u 11 años no es normal; es producto de un delito de pederastia, y las instituciones deben garantizar sus derechos”, sostuvo.
Fuentes explicó que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), en muchos casos los agresores forman parte del entorno cercano de las víctimas, como padres, abuelos, tíos o primos, lo que evidencia que el ámbito familiar no siempre es un espacio seguro para niñas y adolescentes.
Asimismo, señaló la urgencia de reforzar la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a derechos como la interrupción del embarazo en casos de violación. Indicó que, de cada 71 niñas que solicitan este servicio, solo una lo obtiene, lo que calificó como un rezago alarmante.
En cuanto a cifras, detalló que en Veracruz se registraron 621 casos de embarazo infantil durante 2024. San Andrés Tuxtla encabeza la lista de municipios con mayor incidencia, seguido de Veracruz, Papantla y Perote, entre otros. Además, alertó que la mayoría de las niñas afectadas presenta rezago educativo, ya que un alto porcentaje no concluye la educación básica.
La activista subrayó que el embarazo infantil está vinculado a múltiples formas de violencia, por lo que consideró fundamental atender factores como el ausentismo escolar. En ese sentido, exhortó a las autoridades educativas a reportar estos casos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para su atención oportuna.
En otro tema, advirtió sobre el incremento en la desaparición de mujeres, particularmente menores de edad, y señaló que uno de los principales retos es la falta de implementación efectiva de los protocolos de búsqueda inmediata, ya que en algunos casos las autoridades continúan solicitando esperar hasta 72 horas para iniciar acciones.
También hizo referencia a la crisis nacional en materia de desapariciones y a la problemática forense, al señalar que existen más de 72 mil restos sin identificar en el país, lo que refleja graves deficiencias institucionales.
Respecto a las Alertas de Violencia de Género, indicó que estos mecanismos se encuentran en pausa tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), lo que ha frenado su seguimiento y evaluación.
Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades de salud y educación a fortalecer acciones conjuntas, así como a la sociedad en general a no normalizar la violencia contra niñas y adolescentes y a denunciar cualquier caso para garantizar la restitución de sus derechos.