Alrededor de 800 familias del lote 64, ubicado en la zona de Matarredonda, municipio de Pueblo Viejo, exigieron la regularización de los terrenos que habitan desde hace décadas, luego de que el ayuntamiento vendiera esos predios a la empresa de origen chino Zhu, pese a que dichas tierras habían sido donadas previamente por Petróleos Mexicanos (Pemex) al Gobierno del Estado.
La falta de certeza jurídica mantiene a cientos de habitantes bajo una constante amenaza de desalojo, aun cuando aseguran contar con documentación que respalda su derecho a permanecer en el lugar.
Denuncian que el ayuntamiento ignoró la donación de Pemex
Yesenia Rodríguez Acosta, representante de los vecinos, explicó que Pemex entregó los terrenos al Gobierno del Estado mediante una donación formal, respaldada por decretos y documentos oficiales que han sido presentados ante distintas instancias.
“La donación la hicieron para un lado; el municipio de ese entonces, con Tomás Castillo como presidente, hizo una compra supuestamente a Pemex cuando ya no debía porque estaba donado”, señaló.
De acuerdo con los testimonios, la administración municipal de aquella época ocultó la existencia de la donación para concretar la venta de los predios a la inmobiliaria extranjera.
“Le venden a una inmobiliaria china… a ellos les venden”, afirmó Rodríguez.
Amenazas y cobros a los habitantes
La vocera comunitaria recordó que entre 2007 y 2009 se registró un desalojo, seguido de una reocupación del predio. En ese periodo —afirma— se llevó a cabo la venta a la empresa Zhu. Desde entonces, la presencia de los presuntos compradores ha generado un ambiente de tensión permanente.
“Los chinos ya amenazan a cada rato que van a sacar a la gente”, denunció.
Incluso, algunas familias realizaron pagos por temor a perder sus casas:
“El metro cuadrado en ese entonces lo estaban dando en 500 pesos… ahora ya lo aumentaron a 1,000”.
Acusan respaldo de autoridades locales
Rodríguez Acosta también acusó que autoridades municipales han respaldado a la empresa de origen chino, y mencionó entre ellos al exdiputado Fernando Cervantes, esposo de la actual alcaldesa, Valeria Nieto.
“Fernando Cervantes los apoya, dice que ellos son los dueños; malamente sí fue, malamente lo reconoce”, afirmó.
Piden regularización y servicios básicos
Las familias solicitaron nuevamente al Gobierno del Estado una audiencia para exponer su situación y entregar documentos: la escritura de donación de Pemex, el decreto correspondiente y copias de las supuestas compraventas realizadas por la inmobiliaria y el ayuntamiento.
“Queremos la regularización, pero mediante el ayuntamiento. Que se nos hagan valer los derechos y la escritura de cesión. No queremos nada regalado; es un pago honoroso”, indicó.
Debido a esta falta de certeza jurídica, los habitantes tampoco pueden acceder a servicios públicos básicos.
“No te pueden meter el servicio si no tienes una carta del ayuntamiento”, explicó.
Siguen en riesgo
Por ahora, las 800 familias continúan habitando el lote 64 bajo el riesgo permanente de otro intento de desalojo. Reiteran que la donación original de Pemex al Gobierno del Estado debería invalidar cualquier compraventa posterior y abrir paso a un proceso de regularización que garantice su permanencia en la zona