Darío Pale/
Los licenciados Francisco Javier Villarreal y Francisco Ariel Lorenzo Hernández solicitaron la intervención de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, tras denunciar la detención arbitraria de los abogados Alejandro Arnulfo Rodríguez y César Augusto Figueroa, quienes han brindado apoyo legal a trabajadores federales jubilados de diversas secretarías.
Durante una conferencia de prensa, señalaron que los abogados fueron acusados injustamente por Gabriel Paredes, quien los señaló por intento de homicidio y por supuestamente portar un arma blanca. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando ambos litigantes fueron detenidos sin una orden judicial y de manera irregular.
Indicaron que los abogados detenidos llevan un juicio para recuperar recursos económicos que la Federación adeuda a jubilados desde la administración del expresidente Felipe Calderón. “Se trata de una acusación sin sustento. Ellos fueron a cobrar una comisión pactada con una beneficiaria y todo estaba acordado”, afirmaron.
Relataron que una señora fue notificada de que el recurso correspondiente ya estaba disponible y fue invitada al banco para cobrar su parte. Sin embargo, al momento del encuentro apareció un abogado que se identificó como yerno de la beneficiaria. Antes de acudir al banco, este individuo los invitó a tomar un café en Coatepec, donde ya lo esperaba otro sujeto. Ahí comenzó una agresión contra los abogados, la cual —según explicaron— quedó registrada en las cámaras de la cafetería.
“Lo extraño es que en ese momento ya había presencia policial, y solo se llevaron detenidos a nuestros colegas, mientras que los agresores ni siquiera fueron tocados”, denunciaron.
Los abogados fueron trasladados primero a la cárcel de Coatepec y posteriormente al penal de Pacho Viejo. Además, denunciaron que algunos medios de comunicación difundieron información falsa, acusándolos de estar ligados a grupos delictivos y de querer apropiarse del dinero de la señora, lo cual desmintieron tajantemente.
“Los defensores ya revisaron parte del video de la cafetería y en ningún momento se observa que portaran un arma blanca, como asegura el abogado denunciante. Exigimos justicia y la liberación inmediata de nuestros compañeros. Si la gobernadora no actúa, acudiremos a instancias federales”, advirtieron.
Finalmente, denunciaron un presunto intento de extorsión: la madre de uno de los detenidos habría sido abordada por un abogado que le solicitó 400 mil pesos para liberar a su hijo —300 mil para él y 100 mil presuntamente para la Fiscalía. “Esto demuestra que el Poder Judicial no está funcionando como lo promete la Cuarta Transformación”, concluyeron.
Los jubilados reiteraron su llamado a la gobernadora Nahle para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para quienes resulten verdaderamente responsables.
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