Xalapa, Ver., 23 de agosto de 2022.- El partido del trabajo (PT) señala dos hechos que afectan la vida política del país; el primero, relacionado con la estafa maestra, Rosario Robles ha logrado que la justicia Federal le conceda seguir el juicio gozando de libertad. Sin duda alguna ella es tapadera de ilícitos del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El otro hecho, está relacionado con la detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador y principal artífice del gran engaño que él denominó “verdad histórica” del caso de Ayotzinapa; ese engaño hoy descubierto vuelve a colocar al gobierno peñista en el ojo del huracán.
En el ámbito estatal; el secretario de educación ha informado el regreso a clases presenciales en un 100% para el presente ciclo escolar. Desafortunadamente, también informa que en ciudades como Córdoba y Coatzacoalcos padres de familia están sufriendo para pagar las cuotas de inscripción y las cuotas patronales, para lo cual, el secretario sugiere sean denunciados los planteles en donde se condicione la inscripción por falta de estos pagos, ya que, se viola el derecho a la educación. El secretario propone que los padres cooperen con faenas para el mantenimiento de escuelas, sea pintando, limpiando, etcétera.
En otro tema; el PT solicita que la Sefiplan aclare en qué consiste y cuáles son las secretarías que están cayendo en el subejercicio de recursos asignados. Es inaceptable el incumplimiento de deberes legales que afectan a la población por falta de servicios. Solapar ineficiencias e incapacidades solo hace ver mal el buen trabajo del gobernador Cuitláhuac García; por tal razón, solicitamos que den a conocer los nombres de los irresponsables.
Con respecto al nuevo reglamento que emitirá la secretaría de seguridad pública para regular las actuaciones de las compañías concesionarias que prestan el servicio de grúas a la Dirección de Tránsito; en el PT damos la bienvenida al nuevo reglamento, pues es de todos conocido las exageradas cuotas que tiene que pagar el supuesto infractor cuando agentes de tránsito ordenan llevarse un automóvil. Además, esperamos que se incluya la reparación de daños que sufren los automóviles en los arrastres y se acabe con el burocratismo para que sean entregadas las unidades.
Asimismo; el Partido del Trabajo manifiesta la necesidad de actualizar las tarifas para el servicio de transporte público en la modalidad de taxi. Actualmente, sin estar autorizados, los costos van de $35 a $60 pesos la dejada. Resulta necesario actualizar y regular los costos en beneficio de las partes: los usuarios y los prestadores del servicio.
Lo anterior conlleva a que los choferes cobren lo que quieran con el afán de pagar la “cuenta” del concesionario y de obtener un ingreso para su familia; siendo perjudicado el usuario.
Por último; en el poder judicial siguen los señalamientos en contra de la presidente Isabel Inés Romero Cruz, quien parece se quiere aferrar al “hueso” de manera incongruente. Ya se vio beneficiada por la “dispensa” concedida por el Congreso local para que continúe hasta terminar el periodo por el que fue electa, ahora desea que se le ratifique por otro periodo como magistrada, a pesar de haber cumplido los 70 años. Si de violentar la ley se trata, la magistrada presidente pone el ejemplo de cómo hacerlo.
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