Dario Pale/
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha identificado alrededor de siete u ocho casos en los que ha sido necesario establecer medidas de cumplimiento sustituto ante la dificultad para identificar a los responsables de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, principalmente a través de redes sociales.
El magistrado presidente del TEV, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, informó que tan solo en la última sesión del Pleno, celebrada el miércoles, fueron resueltos cinco asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres, de los cuales en tres se determinó que sí existió esta conducta.
Explicó que uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades electorales es el anonimato con el que algunas personas operan en redes sociales, mediante cuentas desde las cuales difunden contenido misógino y violento contra mujeres que desempeñan cargos de elección popular o funciones públicas.
“Algunas personas, valiéndose de la facilidad con la que se puede crear una cuenta de usuario en redes sociales, publican cualquier cantidad de contenido misógino, violento contra las mujeres en ejercicio del servicio público”, señaló.
Salazar Ceballos reconoció que rastrear a los responsables se ha convertido en una tarea complicada, pues aunque se solicitan informes a plataformas como Meta y otras instancias, en ocasiones únicamente se obtiene un correo electrónico o un número telefónico que ya no responde.
Ante esta situación, el TEV ha recurrido a medidas de cumplimiento sustituto, restitución, reparación y satisfacción, con el objetivo de evitar que este tipo de conductas queden impunes.
Sin embargo, consideró que continúa pendiente fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Plantean impedir candidaturas a violentadores reincidentes.
El magistrado consideró necesario analizar modificaciones legales que permitan establecer como una causa de inhabilitación para participar en procesos electorales el hecho de haber sido responsable de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Recordó que previamente, mediante interpretaciones de tribunales federales, se había avanzado en la posibilidad de impedir que personas sancionadas por este tipo de violencia pudieran contender por una candidatura.
No obstante, explicó que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una medida de ese tipo resultaba excesiva al no encontrarse expresamente establecida en la legislación.
Por ello, sostuvo que ahora corresponde a los congresos federal y local analizar una reforma que establezca con claridad las consecuencias para quienes incurran en estas conductas, particularmente cuando exista reincidencia.
“Es una posibilidad de solución que la legislación, tanto federal como local, ponga como una causa de inhabilitación el ser perpetrador de violencia política contra las mujeres en razón de género”, planteó.
Señaló que existe un antecedente con los deudores alimentarios, por lo que no sería descabellado avanzar hacia un mecanismo similar para quienes hayan sido acreditados como responsables de violencia política de género.
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