Dario Pale /
Xalapa, Ver.- Veracruz continúa siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, ante la persistencia de homicidios, amenazas, desapariciones y otras agresiones contra comunicadores, además de investigaciones deficientes que, en numerosos casos, no han permitido identificar a los autores intelectuales de los ataques.
Así lo señalaron Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área jurídica de Propuesta Cívica, y el abogado Carlos Domínguez, durante la presentación del informe “Prohibido investigar”, un documento de 79 páginas que analiza las deficiencias en las investigaciones de los homicidios de periodistas relacionados con el diario Notiver.
Los especialistas advirtieron que la violencia contra periodistas en Veracruz no puede analizarse como una serie de hechos aislados, sino dentro de un contexto de macrocriminalidad, en el que pudieron haber intervenido redes de poder vinculadas con el crimen organizado, empresas y autoridades.
Explicaron que el informe surgió a partir del acompañamiento jurídico que Propuesta Cívica realiza en casos de periodistas vinculados con Notiver, entre ellos Milo Vela, Yolanda Ordaz, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, así como otros comunicadores asesinados en ese contexto.
Investigaciones fragmentadas
De acuerdo con los abogados, durante la revisión de las carpetas de investigación encontraron diversas vulnerabilidades y deficiencias, tanto en el ámbito estatal como federal.
Uno de los principales problemas, señalaron, fue que las autoridades investigaron los homicidios por separado, sin analizar las posibles conexiones entre ellos ni el contexto de violencia que se vivía en Veracruz.
“Lo que más falló es que todos estos acontecimientos se estudiaron aisladamente, cuando en Veracruz estaba desarrollándose un contexto de macrocriminalidad”, señalaron.
Consideraron que la falta de una investigación integral contribuyó a mantener los casos en la impunidad, debido a que diversos elementos que pudieron haber permitido profundizar en las indagatorias y establecer posibles vínculos entre los hechos no fueron aprovechados de manera adecuada.
Advierten que la historia se repite
Los representantes de Propuesta Cívica advirtieron que los patrones identificados en los casos de Notiver no han desaparecido y que actualmente continúan registrándose amenazas, desapariciones, homicidios y otras agresiones contra periodistas.
Como ejemplo mencionaron el caso reciente de Roxana, ocurrido en Juchitán, al considerar que evidencia la vulnerabilidad que enfrentan también los periodistas comunitarios.
Explicaron que las agresiones ya no se limitan a quienes trabajan en medios tradicionales, pues actualmente existen comunicadores que realizan su labor mediante páginas de Facebook, plataformas digitales y medios comunitarios.
Por ello, señalaron que las autoridades no deben minimizar ni discriminar el trabajo periodístico realizado desde comunidades o regiones alejadas de las grandes ciudades.
“Los periodistas son los que están en el campo, los que están buscando las notas, los que están haciendo la fuente”, puntualizaron.
Los abogados también señalaron que anteriormente las autoridades llegaron a criminalizar a periodistas asesinados al considerar como posible línea de investigación que estuvieran vinculados con grupos delictivos.
Advirtieron que este tipo de señalamientos puede desviar las investigaciones y colocar el foco sobre las víctimas, en lugar de determinar quién pudo haber ordenado los ataques y si estos estuvieron relacionados con su actividad periodística.
Para Propuesta Cívica, las instituciones encargadas de investigar estos delitos deben aprovechar las herramientas de inteligencia disponibles para identificar no solamente a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales y las estructuras que permiten que estos crímenes continúen.
“La misma película con distintos actores”, señalaron al referirse al escenario que actualmente enfrentan los periodistas en Veracruz.
Amenazas, una posible antesala de homicidios
Propuesta Cívica consideró que una de las principales áreas de oportunidad se encuentra en la investigación de las amenazas contra periodistas.
Explicaron que las amenazas deben ser tomadas como una posible antesala de agresiones más graves, por lo que existen diligencias que pueden realizarse para detectar riesgos y establecer medidas de prevención antes de que ocurran ataques de mayor gravedad.
En este sentido, manifestaron su disposición para establecer comunicación con las autoridades estatales y compartir los conocimientos y hallazgos obtenidos durante sus investigaciones.
El objetivo, señalaron, es que las instituciones actúen de manera preventiva y no solamente después de que se haya cometido un homicidio.
“Las autoridades están actuando como bomberos: ya inició el incendio, en vez de prevenirlo”, señalaron.
CEAPP, rebasada ante el contexto de violencia
Respecto a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), los representantes de Propuesta Cívica consideraron que el organismo se encuentra actualmente rebasado frente al contexto de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en Veracruz.
A su consideración, la Comisión requiere un replanteamiento y una renovación que le permitan cumplir de manera efectiva con la función para la cual fue creada, particularmente en materia de atención y acompañamiento a víctimas.
También consideraron necesario establecer un registro oficial de periodistas agredidos, debido a que actualmente buena parte de las cifras disponibles proviene de organizaciones de la sociedad civil.
“No se puede mejorar lo que no se mide”, señalaron.
Sin embargo, reconocieron que elaborar un censo de periodistas representa un reto debido a las nuevas formas de ejercer la comunicación y la dificultad para establecer quién debe ser considerado periodista.
Advirtieron que un registro mal diseñado incluso podría convertirse en un factor de riesgo para los propios comunicadores, por lo que cualquier mecanismo de este tipo tendría que garantizar la protección de datos personales y evitar prácticas discriminatorias.
19 periodistas asesinados desde 2002
Durante la presentación se informó que en Veracruz se han documentado 19 homicidios de periodistas desde 2002, además de desapariciones, amenazas, agresiones y robos.
Los representantes de Propuesta Cívica señalaron que la violencia contra periodistas no puede medirse únicamente por el número de homicidios, debido a que existe una cadena de agresiones que comienza con amenazas, intimidaciones y otros actos de presión.
También señalaron que no es posible establecer una cifra definitiva sobre cuántos casos han alcanzado justicia, debido a que existen investigaciones en diferentes etapas, tanto en el ámbito estatal como federal.
Explicaron que en algunos expedientes se han realizado detenciones y vinculado a proceso a presuntos responsables, pero posteriormente algunos procedimientos se han debilitado o los acusados han recuperado su libertad.
Insistieron en que detener a los autores materiales no representa una investigación completa, pues también es necesario identificar a quienes ordenaron, financiaron o facilitaron los ataques.
“Prohibido investigar”, un análisis de las fallas
El informe “Prohibido investigar” fue elaborado después de aproximadamente un año de recopilación, revisión y sistematización de información.
Propuesta Cívica explicó que lleva alrededor de una década acompañando los casos relacionados con Notiver, aunque fue hace aproximadamente dos años cuando estableció un acercamiento más estrecho con las familias de las víctimas.
Al constituirse como asesores jurídicos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), tuvieron acceso a las carpetas de investigación, lo que permitió revisar de manera detallada las actuaciones realizadas por las autoridades.
En este proceso también participaron especialistas y consultores, entre ellos Omar Trejo, exfiscal relacionado con la investigación del caso Ayotzinapa, quien contribuyó al análisis de patrones, vulnerabilidades y deficiencias en las indagatorias.
Los autores del informe sostienen que los casos de Notiver deben convertirse en una lección para evitar que las mismas fallas se repitan en las investigaciones actuales.
El planteamiento central es que los homicidios y agresiones contra periodistas deben analizarse dentro del contexto en el que ocurren y no como hechos aislados, debido a que detrás de estos ataques pueden existir estructuras criminales, redes de complicidad, tolerancia institucional o actores interesados en silenciar la labor informativa.
Finalmente, Propuesta Cívica insistió en que proteger a los periodistas también significa proteger a la sociedad, pues cuando un comunicador es amenazado, atacado o asesinado, no solamente se vulnera a una persona, sino también el derecho de toda una comunidad a estar informada.
La organización llamó a las autoridades estatales y federales a fortalecer la coordinación, realizar investigaciones integrales y establecer mecanismos preventivos que permitan actuar antes de que las amenazas contra periodistas se conviertan en homicidios.
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