Por Jenni López
La salida de Claudia Tello de la Secretaría de Educación de Veracruz no resuelve, por sí sola, la profunda crisis educativa que enfrenta el estado. El relevo de un funcionario puede tener un impacto político, pero difícilmente cambiará una realidad que el propio Gobierno de Veracruz ha reconocido en sus documentos oficiales: Veracruz ocupa el primer lugar nacional en analfabetismo y el cuarto en rezago educativo.
Las cifras son contundentes. Casi medio millón de veracruzanos no saben leer ni escribir; miles de estudiantes abandonan las aulas cada año; millones de personas no concluyeron el bachillerato; y cientos de escuelas carecen de servicios básicos como agua potable, internet o infraestructura adecuada. Además, casi la mitad de los planteles públicos ni siquiera cuenta con escrituras, situación que impide realizar inversiones para mejorar sus instalaciones.
No se trata de una denuncia hecha por la oposición o por alguna organización social. Es el propio diagnóstico del Gobierno del Estado el que reconoce que existe una mala administración de los recursos y que persisten programas obsoletos que absorben presupuesto mientras las necesidades más urgentes siguen sin atenderse.
En este contexto, resulta comprensible que organizaciones como el Movimiento Antorchista sostengan que la salida de Claudia Tello no basta. Cambiar a quien encabeza la dependencia no modifica el hecho de que el sistema educativo requiere una mayor inversión, mejores condiciones para los docentes y una estrategia integral para atender el rezago acumulado durante años.
También es cierto que las movilizaciones sociales suelen ser cuestionadas. Hay quienes consideran que las protestas son innecesarias o responden a intereses políticos. Sin embargo, la historia demuestra que muchos de los avances en infraestructura educativa, servicios públicos y programas sociales han surgido precisamente de la organización ciudadana y de la exigencia colectiva. Cuando las instituciones no responden, la presión social se convierte en una herramienta legítima para hacer visible un problema.
Algunos incluso preguntan si las escuelas vinculadas a organizaciones sociales no deberían resolver por sí mismas sus necesidades. La respuesta es sencilla: no. La obligación de garantizar educación pública de calidad, con instalaciones dignas, maestros suficientes y materiales adecuados, corresponde al Estado mexicano. Ninguna organización, por fuerte que sea, tiene la responsabilidad ni los recursos para sustituir al gobierno en esa tarea. Lo que sí pueden hacer —y muchas lo hacen— es gestionar, acompañar y exigir que los recursos públicos lleguen a donde más se necesitan.
Si hoy existen planteles que siguen esperando aulas, sanitarios, techumbres o docentes, no es porque falten organizaciones que los representen, sino porque durante años las políticas públicas no han logrado atender esas demandas con la rapidez y eficacia necesarias.
Veracruz enfrenta un desafío histórico. La solución no llegará únicamente con un nuevo secretario de Educación ni con cambios administrativos. Se requiere voluntad política para incrementar la inversión educativa, corregir las deficiencias presupuestales y escuchar a quienes viven diariamente la realidad de las escuelas.
Mientras los indicadores sigan colocando a Veracruz entre los estados con mayor rezago educativo del país, las organizaciones sociales, los maestros, los padres de familia y los estudiantes tienen razones para seguir alzando la voz. Porque exigir educación de calidad no debería verse como un acto de confrontación, sino como la defensa de un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar.
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