Con una votación de 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política estatal para modificar el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y redefinir la duración del periodo en el cargo.
La aprobación ocurrió durante la Decimasegunda Sesión Ordinaria, tras la presentación del dictamen elaborado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia. Este documento recoge el análisis de dos iniciativas: la presentada el 27 de noviembre de 2024 por el diputado Diego Castañeda Aburto y otra del 19 de junio de 2025, elaborada por la legisladora Elizabeth Morales García y el diputado Ramón Díaz Ávila.
Un nuevo modelo para la designación del Fiscal
De acuerdo con el dictamen, la reforma tiene como objetivo fortalecer la ubicación institucional de la FGE dentro del sistema público, optimizando su funcionamiento, eficacia y mecanismos de rendición de cuentas.
El Congreso plantea transitar de un modelo que, según se argumenta, ha generado “parálisis institucional y vacíos de responsabilidad”, hacia un esquema que priorice la coordinación entre poderes, la velocidad en decisiones críticas y la claridad en la responsabilidad política.
Entre los cambios más relevantes se establece que:
- El titular de la FGE tendrá un periodo de cuatro años, con posibilidad de ser ratificado por el Poder Ejecutivo para un segundo y último periodo igual.
- La ratificación deberá ser notificada al Congreso para la protesta de ley.
- El nombramiento será realizado por el Ejecutivo y sometido al Congreso, que deberá resolver en un plazo improrrogable de cinco días hábiles.
- La propuesta se considerará aprobada si obtiene las dos terceras partes de los votos presentes o si el Congreso no se pronuncia dentro del plazo establecido.
- De rechazarse la primera propuesta, el Ejecutivo enviará una segunda, que deberá ser votada en un máximo de dos días hábiles.
- Si esta segunda propuesta tampoco obtiene respaldo o el Congreso no la vota, el Ejecutivo podrá designar a la persona titular de la FGE entre los dos perfiles previamente enviados.
La reforma también contempla que el titular de la FGE podrá ser removido por el Ejecutivo por causas graves. El Congreso podrá objetar esta decisión con la misma mayoría calificada requerida para su nombramiento. Si no se pronuncia en cinco días, se entenderá que no existe objeción.
Tras la aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó enviar el decreto a los municipios para su validación, como lo establece la Ley Reglamentaria del Artículo 84 constitucional.
Posturas de los grupos legislativos
El dictamen generó un amplio debate entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
- Morena: La diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez respaldó la reforma al considerar que fortalece un sistema de procuración de justicia “justo, digno e imparcial”. Destacó que el nuevo modelo promoverá resultados y una mayor sensibilidad hacia las víctimas.
- PVEM: Su coordinador, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, afirmó que el dictamen elimina vacíos constitucionales y brinda certeza al proceso, además de reforzar la coordinación entre poderes para mejorar la seguridad y procuración de justicia.
- PAN: La legisladora Indira Rosales San Román votó en contra, señalando que la reforma representa “un retroceso” para la autonomía de la Fiscalía, al concentrar en una sola persona la facultad de designar a su titular. Aseguró que el cambio debilita las garantías para quienes buscan justicia.
- Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU): La diputada Montserrat Ortega Ruiz advirtió un impacto negativo en el equilibrio institucional y en la independencia de la FGE, reduciendo la confianza ciudadana en el combate a la impunidad.
- PT: El diputado Ramón Díaz Ávila defendió el nuevo esquema, al afirmar que moderniza el modelo de procuración de justicia, lo vuelve más eficiente y acorde con las demandas sociales actuales.
- Movimiento Ciudadano (MC): Adrián Sigfrido Ávila Estrada respaldó la reforma tras un “análisis jurídico serio”, señalando que es constitucional y permitirá mayor estabilidad y capacidad de evaluación del desempeño.
En el debate también participaron las diputadas María Elena Córdova Molina y Elizabeth Morales García, así como el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.