Dario Pale
Un grupo de trabajadores del Asilo Sayago, institución dependiente de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y de la Beneficencia Pública, denunció haber sido despedido de manera injustificada, sin acceso a seguridad social ni prestaciones laborales.
El abogado Adrián Avendaño Constantino, representante legal de seis de los afectados, informó que entre 14 y 15 empleados fueron cesados, varios de ellos con antigüedades de hasta diez años, pese a que durante todo ese tiempo laboraron bajo contratos eventuales.
“Son trabajadores con muchos años de servicio: profesionistas, licenciados en enfermería, psicólogos, personal calificado. Los mantienen con contratos temporales año con año, sin estabilidad ni seguridad social, lo que les impide hacer un proyecto de vida”, señaló.
De acuerdo con Avendaño Constantino, el argumento utilizado por las autoridades para justificar los despidos fue una supuesta falta de presupuesto, lo que calificó como “falaz”, pues en el mismo periodo han ingresado nuevos empleados, algunos presuntamente familiares de funcionarios de la actual administración del asilo.
“Esto no se trata de presupuesto, sino de falta de voluntad y de una violación sistemática a los derechos laborales. El gobierno y la gobernadora han hecho caso omiso; se están despidiendo trabajadores que deberían ser reconocidos como de base”, expresó.
El abogado agregó que los trabajadores no cuentan con afiliación al ISSSTE ni al IMSS, a pesar de pertenecer al sistema estatal de salud, lo cual representa una violación a sus derechos humanos y laborales.
“Son trabajadores del Estado, encargados de atender a adultos mayores, y no tienen seguridad social. Cuando enferman, los envían al hospital civil o a centros de salud como si fueran ciudadanos sin empleo formal. Llevan más de diez años laborando sin cotizar”, denunció.
La demanda laboral fue presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, ubicado en la calle Santiago Bonilla, y señala como demandados al secretario de Salud estatal, a la gobernadora, a la Beneficencia Pública, al Sindicato Estatal de Trabajadores de Servicios de Salud, al IMSS y al ISSSTE.
Entre las principales exigencias se encuentran la reinstalación en sus puestos, el reconocimiento como trabajadores de base, el pago de salarios caídos, primas vacacionales, vacaciones de riesgo, y el capital constitutivo para garantizar la seguridad social que se les ha negado durante años.
Avendaño Constantino también advirtió que el Asilo Sayago, con capacidad para atender a más de 100 adultos mayores, actualmente opera con solo 35 residentes, y desde hace tiempo no admite nuevos ingresos, pese a la necesidad existente en comunidades de bajos recursos.
“El asilo prácticamente está cerrado. Hay colonias con personas que necesitan ingresar, pero no los aceptan por no querer gastar. Hay irregularidades que el gobierno debería investigar, incluyendo el trato a los residentes”, afirmó.
Finalmente, el abogado subrayó que el caso ya se encuentra en manos del tribunal, luego de que el gobierno estatal no atendiera la etapa de conciliación.
“No hubo respuesta a las peticiones. Esperamos que la justicia laboral reconozca los derechos de estos trabajadores que han sido despedidos de manera injustificada”, concluyó.