Xalapa, Ver., 1 de agosto de 2025 — Una funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (CEJUM) fue suspendida de manera inmediata luego de verse involucrada en un incidente vial que derivó en una serie de comportamientos indebidos, mismos que fueron ampliamente difundidos en redes sociales.
De acuerdo con los videos viralizados, la mujer —presuntamente en estado de ebriedad— provocó un choque múltiple en el Viaducto Zaragoza, en el centro de la capital veracruzana. Posteriormente, intentó sobornar a una oficial de tránsito con un billete de 500 pesos y la insultó al no recibir respuesta favorable, llamándola “gata, muerta de hambre”.
El escándalo creció tras detectarse que portaba dos credenciales oficiales del CEJUM con distintos nombres, lo que encendió alarmas sobre una posible falsificación de documentos oficiales o doble identidad dentro de la misma institución.
En respuesta, el CEJUM emitió un comunicado oficial (número 1555), en el que informó a la opinión pública sobre la suspensión inmediata de labores de la persona involucrada, mientras se realizan las investigaciones correspondientes. El organismo reiteró su compromiso con la legalidad, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos, además de señalar que cualquier conducta contraria a sus principios institucionales será investigada y sancionada conforme a derecho.
El hecho ha generado indignación entre la ciudadanía, principalmente por la agresividad de la funcionaria y las inconsistencias detectadas en su documentación. En redes sociales fue apodada como “Lady CEJUM” y “Lady 500”, en referencia al intento de soborno y su conducta prepotente.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente el nombre oficial de la persona suspendida ni si enfrentará consecuencias legales adicionales. Organismos de la sociedad civil han solicitado que el caso no quede únicamente en una suspensión temporal, sino que se esclarezca el uso de documentos oficiales con diferentes identidades y se apliquen sanciones ejemplares.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la integridad y los controles internos de las instituciones encargadas de atender a mujeres víctimas de violencia, y ha generado exigencias de transparencia por parte de la sociedad.