– No obstante, se mantiene firme en su intención de favorecer a Inmobiliaria Medellín con la concesión del servicio en sus fraccionamientos

Medellín de Bravo, Ver.- Después de las marcha multitudinaria convocada por el diputado local José Magdaleno Rosales y encabezada junto con el también legislador Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso, el alcalde Marcos Isleño “reculó” y cambió su postura ante Grupo MAS, al “asegurar” que éste incumple con garantizar un servicio de calidad al pueblo medellinense.

No obstante, el edil aún se mantiene firme en su intención de concesionar a Inmobiliaria Medellín el servicio de agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las descargas residuales de los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, desoyendo al pueblo que reclama la municipalización de dichos conjuntos habitacionales, rechazando su privatización.

A través de su área de comunicación social y redes sociales, Marcos Isleño tuvo que darle la razón al diputado local José Magdaleno Rosales, y reconocer que los reclamos son fundamentados aunque con un posicionamiento “tibio”, “timorato”, porque no se atreve a hablar a nombre del Cabildo ni abiertamente por retirar a Grupo MAS.

Cabe recordar que Marcos Isleño y el Ayuntamiento de Medellín, por exhorto del Congreso de Veracruz, están obligados a rendir un informe detallado de la concesión a Grupo MAS y del servicio que presta.

Hábilmente, Marcos Isleño se escuda en esperar los resultados de la auditoría ordenada al Órgano de Fiscalización Superior del estado, para que el Ayuntamiento fije su posicionamiento, cuando el Ayuntamiento está obligado a realizar su propio informe, tal parece que “intenta negociar el reporte con la concesionaria”.

El Alcalde refirió que en fechas próximas anunciará las acciones legales respecto al incumplimiento de Grupo MAS, aunque éstas -parece- estarán enfocadas a exhortar a la empresa a mejorar el servicio y retomar inversiones en infraestructura, no en solicitar al Congreso local la cancelación de la concesión, como lo demandó el pueblo el pasado domingo en la multitudinaria marcha que partió de El Tejar hasta el Palacio Municipal.

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