· Las mesas serán claves para aportar el conocimiento de la industria sobre el tema y aclarar los contenidos contradictorios del nuevo decreto
· Sólo con diálogo, sin imposiciones ideológicas y con apego a la evidencia científica, se revertirán prejuicios sobre el maíz genéticamente modificado
· El país sigue siendo dependiente de importaciones de maíz amarillo de Estados Unidos y prohibirlas afectaría la estabilidad de la cadena agroalimentaria y precios de alimentos básicos
La industria de protección de cultivos reconoce la apertura de la Secretaría de Economía al proponer en su comunicado del pasado 13 de febrero que “se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional” para analizar el tema del maíz genéticamente modificado.
El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda dijo “es un gran paso reconocer lo que el nuevo decreto y la propia Secretaría de Economía establecen en el sentido de que las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica, porque esto facilita el diálogo y el entendimiento para que la política pública, en materia agropecuaria, se aplique con criterios objetivos y no prejuicios ideológicos”.
El presidente de la UMFFAAC dijo también que “las mesas de trabajo serán clave para aportar el conocimiento de la industria sobre el tema del maíz genéticamente modificado y para aclarar los contenidos contradictorios del nuevo decreto”.
Al respecto ejemplificó “se prohíbe el consumo de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla y se permite para uso pecuario e industrial, que finalmente terminan en la mesa de los mexicanos. Otro contradicción es que se prohíbe el uso, enajenación, distribución, promoción e importación del glifosato cuando el maíz transgénico que llega a nuestro país utiliza ese herbicida en su proceso de cultivo”.
González Cepeda advirtió también que “el nuevo decreto faculta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a coordinarse con otras agencias internacionales para investigar ‘posibles daños a la salud´, cuando se supone que el gobierno ya tenía esas investigaciones para justificar el decreto el primer decreto, publicado el 31 de diciembre del 2020”.
El presidente de la UMFFAAC reiteró que “estas contradicciones seguramente se aclararán porque solo con el diálogo, sin imposiciones ideológicas y con apego a la evidencia científica, se revertirán prejuicios sobre el maíz genéticamente modificado y también respecto a la prohibición de glifosato”.
Añadió que “llevamos más de 20 años importando maíz transgénico y ¿qué ha reportado la Secretaría de Salud en todo este tiempo? Nada, no se han reportado enfermedades o afectaciones en humanos por el consumo, de manera directa o indirecta”.
González Cepeda dijo también que “el país sigue siendo dependiente de importaciones de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos y prohibirlas afectaría la estabilidad de la cadena agroalimentaria y los precios de alimentos básicos, porque ese tipo de maíz es el insumo clave para la industria pecuaria y avícola, y por lo tanto, para la producción de leche, carne de res, de cerdo y de huevo, que actualmente tienen una alza sensible en sus precios”.
En cuanto a la prohibición del glifosato, el presidente de la UMFFAAC advirtió que su total prohibición “también tendría un impacto muy negativo para el país porque afecta la competitividad de los productores agrícolas, al aumentar los costos de producción por utilizar herbicidas entre 40 y 50 por ciento más caros, lo cual llevaría a realizar mayores importaciones y, con ello, encarecer el precio de los alimentos, además de generar incentivos para el contrabando de productos ilegales”.
Por último, González Cepeda consideró que las mesas de trabajo serán “un paso en la dirección correcta para corregir el rumbo de la política agropecuaria, ya que las decisiones precipitadas ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país”.
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