EL SILENCIO SOSPECHOSO DEL PRIISMO VERACRUZANO
Andi Uriel Hernández Sánchez
En las últimas semanas el país entero se ha enterado, por si aún no lo sabían, de la crisis de derechos humanos que se vive en Veracruz y de la naturaleza represiva, en contra de sus críticos y opositores, que ha asumido el gobierno estatal que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. La detención del secretario técnico del Senado, Juan Manuel del Río Virgen, fue la gota que derramó el vaso y detonó el escándalo, sin embargo, es apenas la punta del iceberg de una serie de vendettas políticas en contra de diversos opositores del régimen cuitlahuista en las que también se ha utilizando a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial para llevarlas a cabo.
Tal clima político que se vive en Veracruz ha despertado la crítica unánime de diversas fuerzas políticas, de corrientes ideológicas dispares, lo mismo se han pronunciado los panistas del grupo del ex gobernador Yunes Linares, los perredistas que aún quedan en el estado, los integrantes del Movimiento Antorchista y en últimas fechas, se han sumado a la condena pública, los militantes de Movimiento Ciudadano y hasta algunos integrantes de Morena como Ricardo Monreal y el grupo de senadores de la República que coordina.
Por eso, es de extrañar y de preocuparse que el priismo oficial de Veracruz se haya mantenido, hasta ahora, en total silencio y completamente al margen de la realidad política que vive el estado. No se ha pronunciado en contra de la represión y la constante violación de los derechos humanos ningún priista con cargo público ni tampoco lo han hecho los integrantes del Comité Directivo Estatal, mucho menos los dirigentes de sus sectores principales.
Tal parece que Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del PRI y líder de la bancada de diputados en el Congreso Local, ha decidido seguir la estrategia del avestruz, enterrar la cabeza en la tierra, secundado por sus compañeras legisladoras, Anilú Ingram Vallines y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre. Tampoco ha habido ningún pronunciamiento del diputado federal José Yunes Zorrilla, quien aspira a contender por la gubernatura del estado en 2024, y que está desaprovechando el momento para demostrar ante los veracruzanos que tiene el valor suficiente para condenar y enfrentar al autoritario régimen de la 4T. Mucho menos se ha asomado el descalabrado Héctor Yunes Landa quien, hasta hace poco, enfrentaba acusaciones de sus propios compañeros priistas de estar al servicio del morenismo. Y, lo mismo aplica para la diputada federal Lorena Piñón, quien no pinta para nada en el panorama político.
El priismo oficial ha mantenido una actitud parca ante las omisiones y atropellos del gobierno morenista de Veracruz desde hace mucho tiempo. Les fue asesinado un diputado local de su bancada en 2019 y no se sabe que el priismo esté exigiendo el esclarecimiento de los hechos y castigo para los culpables, tienen el asunto olvidado. Antes del proceso electoral diversos alcaldes municipales denunciaron hostigamiento del gobierno, señalaron al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de amenazarlos con fincarles responsabilidades administrativas y penales si se negaban a financiar las campañas de los candidatos morenistas en sus municipios, y a diferencia del PRD, no hubo una defensa en bloque de los alcaldes del PRI.
Durante las campañas políticas, hubo silencio de la dirigencia del PRI estatal ante la detención arbitraria de diversos actores políticos de todas las corrientes partidistas y tampoco se pronunciaron en contra de la evidente campaña de hostigamiento que el morenismo desplegó en contra de varios de sus candidatos a diputados y alcaldes.
A pesar de que el PRI cuenta con representación legislativa local y federal no se sabe que estén emprendiendo ninguna acción legal para derogar del Código Penal de Veracruz el delito de ultrajes a la autoridad, el garrote con el que los cavernícolas del gobierno de Cuitláhuac García han reprimido lo mismo a opositores políticos, líderes sociales y a ciudadanos comunes e indefensos ante el poder del Estado.
En fechas recientes, tampoco hubo mensajes de solidaridad y menos de condena, ante la detención de Tito Delfín, ex candidato a la dirigencia estatal del PAN y del reciente caso de Juan Manuel del Río Virgen, pudiera pensarse que fue por mero sectarismo partidista. Sin embargo, tampoco han mostrado ningún acto de solidaridad real hacia Samuel Aguirre Ochoa, líder del Movimiento Antorchista en Veracruz, ex diputado local y dos veces contendiente a diputado federal por el PRI, y quien desde hace varias semanas ha estado denunciado la campaña de hostigamiento y represión judicial que el gobierno de Veracruz ha orquestado en su contra. También a los antorchistas están dejando solos. Los priistas destacados de la entidad no se han tomado la molestia ni siquiera de colocar un tuit en respaldo.
El silencio de la dirigencia priista y de varios de sus actores políticos principales ante el quebranto del Estado de Derecho que atraviesa Veracruz puede interpretarse, desde mi modesto punto de vista, de dos maneras: como una actitud cobarde, por el temor que pudieran tener de que sobre sus cabezas también caiga la espada de Damocles del régimen morenista o, por otro lado, como la evidencia de que existen acuerdos bajo la mesa entre el PRI y el gobierno estatal que consideran mucho más importantes, que la defensa del orden constitucional y de los derechos fundamentales de los veracruzanos. En ambos casos, el priismo queda muy mal parado. Ante los hechos que vivimos, pretender neutralidad resulta sospechoso y no es, de ninguna manera, una buena estrategia política.
Ojalá el priismo reaccione a tiempo pues, de lo contrario, se ve muy difícil que puedan despertar la simpatía de los veracruzanos y llegará bastante debilitado a los comicios de 2024 o ¿es qué buscan el suicidio político? La respuesta solo la tienen ellos.
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