Samuel Aguirre Ochoa
Los veracruzanos debemos razonar profundamente lo que esta pasando en el estado, lo que está haciendo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en todos los ámbitos y en particular, en el político para hacernos un juicio equilibrado y claro de sus ideas y de su actuar, porque es el primer gobernador que se autodefine como de izquierda, de ser un gobierno de los pobres.
Hay que observar los hechos, las acciones concretas de este gobierno para detectar qué tanta coherencia hay entre sus dichos y sus acciones, para de esa manera, estar en mejores condiciones para poder elegir a los próximos gobernantes y representantes populares en las próximas elecciones.
Desde esta perspectiva, es de sorprender lo sucedido la semana pasada y que algunos han dado en llamar “Ley Cuitláhuac”, consistente en convertir en un delito grave el de ultrajes a la autoridad. Veamos:
A iniciativa del gobernador, el pasado 11 de marzo, los diputados morenistas, modificaron el Código Penal del estado, y entre otras reformas, adicionaron el artículo 371 Quinquies, en el que se establece que se impondrán de 7 a 15 años de prisión, y multas estratosféricas, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones…»
Y a sólo dos días de promulgada dicha reforma, esta ley del garrote o ley Cuitláhuac, fue utilizada para encarcelar a dos críticos del gobierno del estado; para reprimir abiertamente a un líder que realizaba una manifestación pacífica y a otro dirigente que ha denunciado sistemáticamente las acciones porriles de los funcionarios del gobierno de Veracruz.
Este nuevo engendro legaloide del cuitlahuismo, ya fue desechado en una ocasión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016, quien lo declaró inconstitucional cuando en la Ciudad de México también intentaron ponerlo en práctica, por considerar que el delito de ultrajes a la autoridad es “ambiguo y vago, lo que puede permitir su aplicación arbitraria e, incluso, convertirlo en un instrumento para restringir ilegalmente la libertad de expresión”. Es decir, que su uso sería discrecional y a conveniencia de parte de la autoridad.
Lo mismo va suceder con la ley Cuitláhuac, pues prestigiados colegios de abogados en Veracruz han anunciado que interpondrán acciones de inconstitucionalidad y amparos por tratarse de una reforma que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos y que los deja indefensos ante el abuso de poder de la autoridad.
Hay una tendencia de los gobiernos de Morena a hacer leyes a modo de los gobernantes y que tienen que ver con la represión política. Recordemos la Ley Bonilla en Baja California, la ley del garrote en Tabasco y Veracruz no podía ser la excepción, y ahí tenemos la ley Cuitláhuac. También, hubo intentos de reformar el Código Electoral el año pasado, para recortar el presupuesto a los partidos políticos de oposición y para eliminar los consejos municipales del OPLEV con la intención de facilitar al gobierno morenista realizar un fraude electoral, afortunadamente esta reforma fue desechada por la Suprema Corte.
El hijo de Atanasio y sus funcionarios creen que los veracruzanos no piensan y actúan con descaro para someter a sus opositores. Lo peor, es que en una actitud verdaderamente cínica, el día de ayer, el gobernador Cuitláhuac García convocó a los dirigentes de todos los partidos políticos con presencia en el estado para firmar un “Acuerdo por la Democracia”, como el que promovió el presidente López Obrador a nivel nacional. Con esta acción, los morenistas quisieron enviar el mensaje de que el proceso electoral se llevará a cabo en calma, sin intervención del gobierno y sin represión contra la oposición, en un intento burdo de burlarse de la inteligencia de los veracruzanos, aún cuando todos sabemos que todo eso ya ocurre en Veracruz.
Por esa razón, los dirigentes de los partidos opositores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Podemos y Todos por Veracruz no se prestaron a este show y el acuerdo fue firmado solo por Morena y sus partidos sátelites. Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García solo estuvo acompañado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros (cerebro y operador de varios actos de represión en el estado). Podemos interpretar este hecho como un fracaso más del Gobierno de Veracruz, como una derrota política y como una muestra de que existen amplios sectores de la población en el estado no están cayendo en la manipulación que pretende hacer el gobierno morenista.
Durante el acto protocolario, el gobernador arremetió contra las dirigencias y la militancia de los partidos políticos que no acudieron a la firma de su “Acuerdo por la Democracia”; de manera particular se lanzó contra los integrantes de la alianza “Veracruz Va”, a quienes acusó de haber apoyado y colocado a gobiernos represores en el pasado reciente, aceptando así los señalamientos que estos partidos han realizado en contra de él, pues como dice el refrán: aclaración no pedida, acusación manifiesta.
El poder que detentan, más la soberbia y la arrogancia de los funcionarios de Morena están enrumbando a Veracruz por el camino de la violencia, camino peligroso que difícilmente podrán parar más adelante. Por ello, es importante que todos estemos alertas contra todos las acciones de represión que pretendan seguir perpetrando los morenistas y para cerrar filas en contra del autoritarismo y la improvisación de este gobierno. La única vía que existe para sacarlos del poder es la misma por la que llegaron: a través del voto ciudadano. Tenemos la oportunidad de debilitar su poder, evitando que ganen la mayoría de las 50 diputaciones locales y de las 212 presidencias municipales que estarán en juego este 6 de junio. Todos dispongámonos a trabajar por el bien de Veracruz.
About Author
