LA REPRESIÓN EN VERACRUZ
Samuel Aguirre Ochoa
Desde hace más de un año los antorchistas veracruzanos hemos venido denunciando una serie de acciones represivas por parte del gobierno del ing. Cuitláhuac Garcías Jiménez, en contra de sus integrantes y de otras corrientes políticas del estado. Hemos sostenido que se recurre a la represión administrativa, a la represión policiaca e incluso al uso de sicarios que han intimidado con llamadas telefónicas a los activistas del Movimiento Antorchista, a los integrantes de los grupos culturales y a los deportistas antorchistas, y que han hecho secuestros virtuales y reales en contra de los activistas de nuestro Movimiento. También hemos sostenido que tales acciones están operadas desde las oficinas de Palacio de Gobierno, pues quienes las llevan a cabo actúan con toda libertad y cinismo en las calles de las ciudades, y si se les denuncia ante los funcionarios estatales, éstos en lugar de investigar, se molestan.
Ninguna corriente distinta a la nuestra ha respaldado tales denuncias. Nos han dejado solos bajo el fuego de la represión del gobierno de Cuitláhuac García, por lo que bien pudiera quedarme callado ahora que se presenta el caso de Rogelio Franco, ex Secretario General del PRD y candidato plurinominal a diputado federal por dicho partido, sin embargo, creo que es un deber de todo revolucionario no callar ante hechos como los que se están viviendo en el estado en estos días, y en particular al último hecho.
Para mí la detención y encarcelamiento, de Rogelio Franco Castán, el pasado 13 de marzo en Tuxpan, es un acto de represión política por parte del Gobierno de Veracruz. Es obvio que la razón que se esgrime para detenerlo es un invento, pues se le acusa de ultrajes a la autoridad, al intentar detenerlo porque estaba acusado de otro delito por el cual se encontraba amparado por un juez. Pero no se demuestra que Rogelio Franco haya agredido a los policías, simplemente es una afirmación que se ha difundido en los medios de comunicación y por este mecanismo lo han convertido en verdad. Es una acusación falsa para poder detenerlo.
Pero más ridícula es la causa por la cual le impusieron la prisión preventiva, ya que lo acusan de haberle rasgado la camisa y causarle daños psicológicos a uno de los policías que intentó detenerlo; una camisa de 330 pesos y los daños psicológicos que requieren de cuatro sesiones de 400 pesos cada una, lo que da un total de mil 930 pesos. Repito, es ridículo porque ¿quién comprobó que dicho policía realmente tiene daños psicológicos a consecuencia de la agresión de Rogelio? Es claro que, también se trata de inventos para mantenerlo recluido durante los ocho meses que ordenó el juez de control.
Pero si esto no bastara, el delito de ultrajes a la autoridad, conforme a la ley, hasta hace 5 días, no ameritaba prisión preventiva, como se la dictaron. El Congreso de Veracruz, de mayoría morenista modificó el Código Penal para aumentar la gravedad de este delito. Por lo que todos debemos estar preocupados pues se ve que el gobierno utilizará como garrote para golpear a los opositores, como se observa en este caso.
En Veracruz la ley no importa, lo valioso para el gobierno es sacar adelante sus ambiciones de poder y dinero, situación muy peligrosa para todos los veracruzanos, pues la sociedad va en retroceso, nos enfilamos hacia una dictadura en la que se impone la voluntad personal del gobernante.
Debo aclarar que nunca estuve de acuerdo con muchas de las decisiones de Rogelio Franco Castán cuando fue Secretario de Gobierno, en particular con el uso de la fuerza pública en contra de la movilización de las organizaciones sociales que pedían se les resolvieran las necesidades básicas de sus pueblos o colonias.
Sin embargo, lo que le está haciendo el gobierno de la 4T a él, es una acción represiva, igual a la que comúnmente llevan a cabo en contra de todos aquellos que no se someten a las arbitrariedades y caprichos del actual gobierno. Que viene actuando como si los veracruzanos no pensaran y se dieran cuenta de lo contradictorio entre su decir y hacer.
Estando por terminar este documento, me entero que la policía del estado acaba de detener a golpes al vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación quien se encontraba en una movilización en la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz (Sedema). ¿En dónde queda el derecho a la libre manifestación? ¿el diálogo para qué es?.
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